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Comisión ya indaga a jueces |
Septiembre 13, 2007
QUITO
Denuncia.
Mauro Terán, Ana Abril y Fernando Casares integran la comisión que investigará a los jueces Ramón Jiménez Carbo y Carlos Ramírez, miembros de la Segunda Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que habrían incurrido en supuestos actos de corrupción.
Durante el debate del caso, la CSJ conformó –por sorteo– la Comisión. El magistrado Hernán Salgado Pesantes pidió que también se incluya dentro de la investigación al conjuez Mario Ochoa, quien pese a ocupar ese cargo fue uno de los patrocinadores de esa denuncia.
El magistrado Ramiro Romero Parducci, quien también será investigado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hizo públicas sus sospechas de irregularidades en el trámite de un proceso de la Segunda Sala Civil y cuya sentencia fue notificada sin su firma.
Ayer, en la sesión del pleno de la CSJ, Romero afirmó que no cree que se haya tratado de un error (la notificación de la sentencia sin su firma), sino de una irregularidad, por lo cual hay que fijar responsabilidades.
Mientras, el magistrado Jiménez defendió su inocencia e insistió en que la notificación se debió a un error administrativo, que fue enmendado inmediatamente. Por ello, afirmó que se someterá a lo que disponga la Corte, tras la investigación.
Los miembros de la Comisión tenían previsto reunirse la tarde de ayer para organizarse internamente y recopilar la documentación del proceso, que generó el nuevo escándalo de supuesta corrupción.
Terán y Casares, miembros de la Comisión de investigación, prefirieron no comentar el caso, aunque adelantaron que el expediente administrativo podría ser resuelto en tres semanas, con la entrega de un informe detallado al pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Terán también manifestó que la investigación alcanzará a todos los que conozcan pormenores del hecho, a fin de determinar si hubo irregularidades o actos reñidos con la moral.
El presidente de la CSJ, Jaime Velasco, dejó en las manos de los miembros de la nueva Comisión la investigación de la denuncia, que –según dio a conocer– se efectuará “respetando las reglas del debido proceso y las garantías al legítimo derecho a la defensa”.
La decisión de abrir un expediente administrativo se adoptó el lunes pasado una vez que el presidente de la CSJ conoció de la existencia de la denuncia.
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