Contratos.
Cinco puntos del proyecto de contrato que el Gobierno presentará a las operadoras celulares Porta y Movistar son innegociables. Así lo determinó la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel); la razón: se trata de temas que son potestad exclusiva del Estado.
Aunque “es un borrador de contrato (...), un documento perfectible (...), no será negociable el costo de la concesión, los índices de calidad, el régimen sancionatorio, el aporte al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones Rurales y las tarifas”, afirmó ayer Roque Hernández, titular de dicha Secretaría.
Todos estos aspectos son potestad estatal y como tal serán expuestos a las operadoras para determinar si es factible o no una renegociación de sus contratos en las condiciones que establece el Gobierno, añadió Jorge Glas, titular del Fondo de Solidaridad.
Esas condiciones técnicas y económicas serán impuestas, aclaró Hernández, porque el Estado está delegando a las empresas la potestad de prestar el servicio que constitucionalmente le pertenece. Empero, lo que sí puede ser materia de negociación –dijo– son los plazos de vigencia de la concesión y todos los aspectos operativos.
Hernández es partidario de que los nuevos contratos rijan por quince años con revisiones quinquenales.
No obstante, la posición definitiva del Gobierno se dará en diciembre próximo, una vez que cuente con todos los elementos técnicos, económicos y jurídicos. En caso de que no se logre un acuerdo, la autoridad no descarta la convocatoria a un concurso internacional en busca de nuevas operadoras.
La Senatel tampoco está de acuerdo con la actual valoración del espectro, efectuada por la compañía Latin Pacific; para ratificar o rectificar el costo acudirá a la Unión Internacional de Telecomunicaciones y a otra asesoría. “Necesitamos más elementos de valor”, advirtió ayer Hernández.
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