El mutismo de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional de Bolivia que se niegan a declarar en nuevas causas abiertas en su contra exasperó el martes al vicepresidente Alvaro García, quien les imputó creerse dioses, no ciudadanos.
Estos señores se creen ciudadanos de exclusiva categoría. Todos somos objeto de control y seguimiento jurídico. Hay una ley para enjuiciarlos, pero ellos la desconocen, lo cual nos habla de un comportamiento político, dijo García a periodistas.
Por segundo día el martes los magistrados se negaron a declarar ante un comité de la Cámara de Diputados que los procesa en otras tres causas planteadas por particulares al margen de la demanda de juicio interpuesta por el gobierno en contra de tres de ellos por presuntamente prevaricar.
La vocera de los magistrados, Martha Rojas, dijo que no harán ninguna declaración hasta que la justicia resuelva un recurso planteado en contra de sus eventuales jueces.
Podemos ser juzgados como cualquier ciudadano, pero exigimos que se respete el debido proceso y nuestras garantías constitucionales, señaló a periodistas.
El diputado del opositor Podemos, Fernando Messmer, dijo este martes que los tres nuevos juicios contra los jueces tiene carácter político, al igual que la demanda plantada por el gobierno.
En mayo, el presidente Evo Morales planteó la acusación contra los magistrados por prevaricato, después de que éstos emitieron una sentencia constitucional cesando a cuatro jueces nombrados por el mandatario a la Corte Suprema de Justicia en diciembre. La sentencia señala que ese interinato no debía extenderse más de 90 días.
La Cámara de Diputados, dominada por el oficialismo, aprobó el 22 de agosto abrir el juicio contra los magistrados en una turbulenta sesión que derivó en pugilato entre oficialistas y opositores. El Senado, controlado por la oposición, debe tramitar el proceso hasta la sentencia, pero el trámite quedó paralizado.