Los juicios de los ancianos y enfermos terminales de Quito y Guayaquil serán la prioridad.
A paso lento, pero llenos de entusiasmo y esperanza un centenar de ancianos de la Penitenciaría del Litoral se reunió ayer, por primera vez, con los abogados que se encargarán de tramitar sus casos para concretar sus juicios.
La actividad se desarrolló tras la presentación oficial de los 118 profesionales que trabajarán en esa cárcel como parte de la Unidad de Defensores Públicos, que fue anunciada por el Gobierno en julio pasado.
Esta organización también fue inaugurada horas mas tarde en la Cárcel de Mujeres de Quito, donde se presentaron otros 83 abogados para atender a los presos de esa ciudad.
“Hemos decidido empezar en estas ciudades porque ahí está concentrado el 60% del total de la población carcelaria (18.500 reos)”, manifestó Ernesto Pazmiño, director nacional de la Unidad de Defensores, quien agregó que para enero próximo el programa se ampliará al resto del país.
Aseguró que el objetivo del régimen es cumplir con al artículo 24, numeral 10, de la Constitución, que señala que el Estado deberá proveer un defensor gratuito al acusado.
Pazmiño dice que en el plan se priorizará la atención a los presos de la tercera edad y los enfermos terminales.
Según la ley, los ancianos que no están sentenciados se acogen al beneficio del arresto domiciliario. Pero esto no se aplioca por falta de defensores que realicen este trámite.
“Vamos a trabajar más con los que no tienen abogado por falta de dinero”, refirió Pazmiño antes de indicar que con este programa se descongestionarán las cárceles para aplicar nuevos proyectos de rehabilitación.
Es que, según el representante, al Estado no le conviene ni técnica ni económicamente mantener a los 11.600 reos sin sentencia que hay actualmente. “Por cada preso se invierten diariamente $ 6,02 en comida, seguridad, etc. Al año se gastan cerca de $ 41.626.00 por internos, cuya culpabilidad no ha sido demostrada”, explicó el funcionario, quien dijo que el presupuesto anual estimado para su unidad es de $ 1 millón.
Con ese dinero, indicó, se cancelarán los $ 350 que recibirá cada abogado por los juicios que concluyan. El trámite de estos será vigilado desde Quito a través de un sistema informático, donde los profesionales deberán exponer los avances de los casos que les corresponden.
“Inicialmente cada abogado tendrá ocho juicios a su cargo, pero mensualmente se les asignarán tres más. Es decir, que al año podrán atender 45 casos”, dijo Pazmiño.
En tanto, el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Fernando Bustamante, explicó que la selección de los defensores se hizo por una convocatoria pública, hace un mes, a los estudios jurídicos y organizaciones que presten asesoría legal para el concurso. “Se escogió a los mejores de acuerdo a su perfil profesional y su experiencia”, acotó.
Además, anunció que junto a los representantes de la Corte Suprema de Justicia planifican la creación de nuevos tribunales penales: cinco en Guayaquil y cuatro en Quito.
22
Estudios jurídicos. Es el número de participantes en el programa en Guayaquil.
Selección
El Comité de Intenos de cada cárcel se encargará de evaluar y escoger los casos que crean necesitan ser atendidos con mayor agilidad.
Visitas
Los abogados que participan en el programa deberán visitar al menos una vez al mes las cárceles para tomar nuevos casos.
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