“Bienvenidos a la capital de Bolivia”, reza el cartel que recibe a los pasajeros que llegan al aeropuerto de esta soñolienta ciudad, que cierra sus pistas de aterrizaje al anochecer.
Sí, la residencia presidencial, el Congreso, el banco central, las secretarías de gobierno y las embajadas extranjeras quizás tengan su sede en La Paz, a 400 kilómetros al norte y con una población cuatro veces mayor que los 250 mil habitantes de Sucre, pero para incomodidad de algunos en el resto del país, los residentes de Sucre insisten en que el cartel es correcto.
Aún con las heridas abiertas de una guerra civil, en 1899, que despojó a Sucre de los poderes ejecutivo y legislativo para trasladarlos a La Paz, y dejó solamente a los tribunales superiores allí, la ciudad sigue adelante con una campaña para convertirse, de nuevo, en la capital hecha y derecha de Bolivia.
El esfuerzo aparentemente quijotesco de Sucre por recuperar lo que perdió se ha convertido en la crisis más apremiante que enfrenta Evo Morales, ex pastor de llamas y miembro del grupo indígena aymará, pregonado como el primer Presidente indígena de Bolivia.
“Nosotros no sacrificamos llamas aquí, como lo hacen en el altiplano”, dijo Jaime Barrón, rector de la Universidad de Sucre y líder de la campaña de la ciudad, en una crítica tanto a las políticas radicales de Morales como a las percepciones de que las tradiciones aymarás de las regiones montañosas bolivianas están en proceso de ser impuestas en esta región central.
“Simplemente queremos lo que le arrebataron a Sucre hace 108 años, que nos permitirá convertirnos en el centro geopolítico de Sudamérica”, continuó Barrón.
En fecha reciente, un millón de manifestantes inundaron el centro de La Paz para oponerse a la campaña de Sucre, en un reflejo de la fuerza de la base política de Morales y la resistencia a la ambición de la ex capital. Los economistas dicen que los costos de transferir la presidencia y legislatura a Sucre, que retiene el título de “capital constitucional”, serían impactantes para Bolivia, que ya de por sí es el país más pobre de Sudamérica.
Pero los partidarios de la propuesta de Sucre, que han organizado protestas callejeras y huelgas de hambre, ya han ganado una especie de victoria. Su campaña, que incluyó una asamblea reunida la ciudad para volver a redactar la constitución de Bolivia, ha captado tanta atención que ha distraído a los delegados de las propuestas que acelerarían los desafíos de Morales a la élite de piel blanca del país.
Preocupados por su seguridad al tiempo que se intensificaron las protestas callejeras en Sucre recientemente, los delegados de la asamblea declararon un receso de un mes. Esa decisión, aunada a un fallo del tribunal que le permite a la asamblea ocuparse de la propuesta de Sucre, motivó a manifestantes y huelguistas de hambre a poner fin a sus protestas.
Reforzada por un apoyo mayoritario a Morales, la asamblea fue convocada hace un año con la esperanza de forjar medidas encaminadas a elevar a los pueblos indígenas de Bolivia tras siglos de privación y servidumbre. Las propuestas van desde rebautizar a Bolivia con un nombre indígena, Qollasuyo, hasta permitir que Morales sea reelecto indefinidamente.
Los políticos de las provincias ubicadas en los valles se resisten a tales ideas y afirman que Morales es un títere de su aliado más cercano, el Presidente venezolano Hugo Chávez. Y aunque el oriente de Bolivia se mantiene como un centro para grupos antigubernamentales y se habla de separatismo, Sucre se ha convertido en un punto candente en los esfuerzos por restarle influencia al Presidente.
En una acción que incrementó los temores de que las tensiones entre Sucre y La Paz pudieran volverse violentas, unos diez mil partidarios del Presidente viajaron a Sucre en autobús o a pie, la segunda semana de septiembre, para denunciar la campaña de la ciudad. Corearon: “Mueran los que quieren dividir al país”, frente a los pasmados residentes locales.
Para muchos opositores, las visiones de devolverle a Sucre la grandeza burocrática parecen pesar más que esas preocupaciones. “Somos la capital de Bolivia”, dijo Jhon Cava, presidente del comité cívico de Sucre.
Si las embajadas desean permanecer en La Paz, añadió, “sería su decisión”. Lo mismo en el caso de algunas secretarías.
“Todo lo que nosotros decimos es que Bolivia tiene una deuda con Sucre y ha llegado el momento de cobrarla”, afirmó.
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