Las autonomías nacen, en su visión contemporánea, como una respuesta de funcionalidad frente a las técnicas ineficaces del centralismo. Es verdad que también tienen un respaldo histórico y de identidad cultural y social, pero las autonomías son necesarias principalmente porque son una manera más eficaz y democrática de articular el poder del Estado.

Sin embargo, la autonomía tiene sus límites. Este límite lo encontramos en la unidad indisoluble del Estado. El Tribunal Constitucional español en el año 1983 afirmó con claridad rotunda que “la autonomía hace referencia a un poder limitado”, para posteriormente aclarar que “autonomía no es soberanía, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo (del Estado), en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de este donde alcanza su verdadero sentido”. Es decir, sin la concepción de la unidad indisoluble del Estado no pueden existir autonomías, porque es precisamente dentro del esquema unitario del Estado donde las autonomías explayan todas sus ventajas. Un derecho a la autonomía sin límites equivaldría simplemente al reconocimiento de un derecho de autodeterminación.

En ese sentido, los límites a la autonomía no son de carácter abstracto y general, sino que operan como límites concretos que afectan a las distintas manifestaciones o formas de ejercicio de esa autonomía. Estos límites concretos pueden ser resumidos en los siguientes principios:

El principio de constitucionalidad: al igual que todos los poderes públicos, centrales o autonómicos, se encuentran sujetos a la primacía jurídica de la Constitución. El principio de unidad: a través del cual las autonomías deben ser concebidas como un esquema de organización del Estado, no como un reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Asimismo, mantener una unidad de mercado es una necesidad económica indispensable para un Estado contemporáneo. El principio de igualdad: por el cual se reconoce la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos ecuatorianos en cualquier parte del territorio nacional, la prohibición de privilegios económicos o sociales entre las regiones, y la libertad de circulación y establecimiento de personas y bienes en todo el territorio del Estado con prohibición expresa de las medidas tributarias que la obstaculicen. Principio de solidaridad: como expresión del equilibrio entre los intereses propios de cada una de las regiones autónomas y los del Estado. Finalmente, el Principio de territorialidad: por el cual las regiones solo pueden dictar normas y ejecutar políticas que afecten a su exclusivamente territorio.

Los ecuatorianos tenemos que pensar en autonomías, mejor dicho, en una verdadera descentralización política que permita a cada región regir sus propios intereses, pero hay que hacerlo evitando caer en separatismos sentimentales que se encuentren fundamentados en razones románticas y nostálgicas. Las razones para un Ecuador autónomo deben ser, hoy en día, de índole práctica y funcional.

*Investigador de la Universidad de La Coruña