A trece días de que se cumpla el plazo para la derogatoria de la detención en firme, el ministro fiscal distrital de Guayas y Galápagos, Antonio Gagliardo, asegura que ha enfocado su accionar en iniciar nuevas instrucciones fiscales por los llamados delitos conexos (violación, asesinato, secuestro express, narcotráfico).
Por ello espera que los jueces colaboren en dictar las nuevas órdenes de prisión preventiva, lo que, entiende, impedirá que salgan los detenidos más peligrosos.
Jueces, ministros, fiscales, funcionarios penitenciarios y policías se reunieron ayer en Guayaquil y Quito para buscar medidas urgentes que impidan la salida de los presos sin sentencia.
En relación con los casos de narcotráfico, aseguró que los tres fiscales antinarcóticos "han presentado un informe detallado (al respecto). Ya se iniciaron todas las instrucciones fiscales y esperamos que los jueces cumplan con dictar la nuevas órdenes de prisión preventiva".
Sin embargo, advirtió que esta acción no es generalizada a todos los presos, "sino a aquellos que han cometido los delitos más atroces para que la ciudadanía no quede burlada y no queden en la impunidad estos delitos".
Gagliardo indicó en Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) que el 99% de las causas de suspensión de audiencias son por temas diferentes a las inasistencias de los fiscales, pues "los abogados inmoralmente se han dedicado a buscar mecanismos para dilatar las audiencias, lograr el año sin sentencia y salir en libertad".
Por ello, afirmó, debe haber una reforma interpretativa en el Congreso Nacional que diga que el tiempo que ha dilatado el imputado en el proceso para alcanzar el año sin tener sentencia, no le sea atribuido.
Como medidas a futuro, Gagliardo espera que se aplique la Ley. Así el fiscal o juez que no cumpla con su deber, será destituido del cargo y tendrá una multa de 10 mil dólares. Para que la administración de justicia funcione debidamente en el Guayas, considera necesario la creación de cinco o diez tribunales penales más.