California nuevamente está fijando una posición propia ante la migración al convertirse en el primer estado en prohibirles a los caseros investigar el estatus migratorio de sus inquilinos.
En medio de la frustración ante el fracaso del gobierno federal de reformar las leyes migratorias, las ciudades en todo el país han empezado a emprender acciones propias para contener a los inmigrantes ilegales, entre ellas la prohibición de rentar propiedades a inquilinos sin documentos.
La ley promulgada esta semana por el gobernador Arnold Schwarzenneger proporcionó alivio a las asociaciones de caseros que estaban preocupadas por el hecho de que tendrían que asumir los costos y problemas de hacer valer los reglamentos federales al actuar como policías migratorios de facto, dijo Nancy Ahlswede, directora ejecutiva de la Asociación de Departamentos del Sur de California.
Tenemos un fuerte compromiso contra la discriminación, dijo Ahlswede, cuya organización se cuenta entre los patrocinadores de la legislación. Comprendemos la frustración, pero esa carga no debe de ser impuesta sobre los caseros.
California suele estar a la vanguardia en las cuestiones migratorias, ya sea con medidas contra los inmigrantes como la Propuesta 187, sometida a votación en los comicios de 1994, con la finalidad de negarle servicios sociales, cuidado a la salud y educación pública a los indocumentados, o realizar enormes actos de apoyo y promover acciones como el Movimiento Nuevo Santuario, en el que las iglesias buscan proteger a indocumentados de la deportación.
Este estado tiene una mayor población de origen inmigrante que cualquier otro en el país, con entre 2,5 y 2,8 millones siendo indocumentados, dijo el Centro Hispánico Pew.
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