Por cuestiones laborales he tenido que viajar a Quito estas últimas semanas por vía aérea y he usado el servicio de taxis en esa bella ciudad, donde bien es sabido que los taxistas sí respetan el uso obligado del taxímetro, y realmente uno no se siente estafado al momento de solicitar una carrera por cuanto es el mismo profesional del volante quien enciende este aparto en nuestra presencia.

Lo que no entiendo es cómo, a vista y paciencia de la Policía de tránsito, los taxistas que se ubican en este sitio (aeropuerto de la capital), en cambio, no usan el taxímetro y pretenden cobrar lo que se les viene en gana, por ello el usuario se pregunta: ¿cuál es la patente de corso que poseen para hacer tabla rasa de la ley?

El problema se repite cuando hay que venir a Guayaquil por la misma vía, y la sorpresa es peor, ya que estos “profesionales” que están en la terminal aeroportuaria ponen un tarifario, no oficial y no publicado, de lo que cobran según la distancia que tienen que recorrer, y eso que en vez de gasolina usan gas subsidiado, pagado por nosotros, a vista y paciencia de la Comisión de Tránsito del Guayas.

¿Ninguna autoridad en este país se puede poner los pantalones y hacer cumplir la ley a todos por igual?, ¿o es que hay algún tipo de “trato” entre autoridades y esos taxistas, de lo cual no tenemos conocimiento?, amén de la utilización del taxímetro en Guayaquil, ya que aquí eso no veremos “ni en sueños”, pese a los anuncios repetitivos de “operativos” que realiza el presidente ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Guayas. Las terminales aéreas, terrestres y marítimas son la primera impresión que se lleva cualquier persona que llega por estas vías a nuestras ciudades. Llevémonos una buena primera impresión, no una de abuso.

Jorge Luna Jijón,
Guayaquil

De acuerdo con lo resuelto por el Presidente de la República, la nueva refinería se va a establecer en la punta de Jaramijó (Manabí), por lo que con respeto me permito sugerir un puerto natural de costas acantiladas como la amplia ensenada de Machalilla-Manabí, que tiene aguas profundas y tranquilas. Sería uno de los mejores puertos naturales en el perfil costanero ecuatoriano.

Ese sitio es ideal para hacer una base naval o un puerto de exportación, como lo fue hace muchos años: un embarcadero; y podría construirse un gran dique o rompeolas y hacer las dársenas o muelles para dar cabida a varios barcos de mucho calado. Dista a pocos kilómetros del puerto de Manta y está además el estuario del río San Isidro. Las operaciones de dragado resultarían mínimas. Las autoridades pertinentes podrían efectuar los debidos estudios de ese puerto natural y resolver lo mejor que puedan.

Juan Pólit Álvarez,
Guayaquil

Desde la adopción del dólar como moneda en el Ecuador, el número de extranjeros de países vecinos que arribaron a nuestro país en búsqueda de trabajo creció. El motivo es más que razonable: acá pueden trabajar y ganar en dólares con una economía relativamente estable, mientras que sus países aún sufren devaluaciones que merman su capacidad adquisitiva.

De esta forma vemos día a día que panaderos, artesanos, modelos, bailarines, técnicos, consultores de varias nacionalidades ingresan al país con una visa de turista para ejercer actividades lucrativas y luego se establecen como residentes permanentes, y siguen trabajando, muchos sin que nadie les solicite un control. Cada visa de trabajo o de comercio cuesta $ 230 más los costos de la solicitud. Calculemos cuánto deja de percibir el Estado por ese rubro.

Hay que recordar que a periodistas ecuatorianos de la televisión cuando han cruzado la frontera para hacer solamente unas cuantas horas de trabajo los han deportado por no tener visa de trabajo.

¿Quién regula y controla este asunto?, ¿la Cancillería, la Inspectoría de Trabajo con la Policía de Migración? Estos últimos deben mejorar su control, pues con sus bases de datos saben quién ingresa al país y saben quién no salió dentro de lo que corresponde a visas de turismo. Este no pretende ser un mensaje xenofóbico, pues hay extranjeros que tienen bien legalizada su situación en el país, pero dudo que sea una regla sino una excepción.

Jorge Alberto Coronel Quevedo,
Guayaquil

Denuncio que hay delincuentes que se toman el nombre de ciertas compañías para estafar a la gente ingenua.

Afortunadamente, como semanas anteriores leí por medio del Diario este tipo de delitos, estuve precavido y no caí en la trampa.

Les comento los hechos: a las 12:01 del 13 de septiembre recibí un mensaje en mi teléfono celular que decía: “De parte de ‘tal empresa’ le informamos que su número es el favorecido del sorteo Nº 85 con un auto ‘de tal marca’ con ‘tal código’. Mayor información llamar a ‘tal número’”.

Los estafadores seguro que estaban a la espera de mi llamada, la cual no la realicé por cuanto conozco de antemano el  modus operandi  de la delincuencia a través del celular.

Christian Briones Oliveros,
Guayaquil

Días atrás leí un artículo sobre las inversiones que quiere hacer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en nuestro país, entre estas “invertir en proyectos”, si mal no recuerdo, “energéticos e hidroeléctricos”.

Creo que el Seguro Social debe priorizar sus inversiones. ¿Conocen los directivos, a manera de ejemplo, que el Hospital del IESS en Guayaquil quedó obsoleto hace rato? ¿Por qué un organismo que tiene recursos para invertir en “otros asuntos”, por muy rentables que sean, no se preocupa de comprar equipos con tecnología de punta para sus quirófanos, salas de recuperación, etcétera, y debe contratar   clínicas particulares para que brinden esos servicios?

Propongo que se construya, al lado del actual hospital, un par de torres nuevas para descongestionar a los enfermos que actualmente están asilados, y luego remodelar el edificio antiguo para dejarlo como reserva para el futuro. Hay suficientes terrenos que actualmente no se utilizan.

Pedro Molina
abogado, Guayaquil

Información de prensa dice que el Ministerio de Educación presentó su propuesta sobre un nuevo método para evaluar a los profesores del Sistema Educativo Nacional, aspecto que ha estado relegado por décadas y es un imperativo hasta el nivel de bachillerato, pues los docentes universitarios serán evaluados por disposición de la Ley de Educación Superior.

En el proyecto de Ley Orgánica de Responsabilidad Social en los sectores de educación y salud Nº 28-216 de iniciativa del Ejecutivo, calificado de urgente en materia económico financiera, y remitido al Congreso para su aprobación, en el artículo 1, literal f), dice: “Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación implementando un Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de cuentas del sistema educativo”. Esto lleva a entender que las instituciones de educación inicial, básica y bachillerato, deberán someterse a una autoevaluación, para lo cual el Ministerio deberá crear el reglamento y aspectos técnicos, a fin de que la autoevaluación sea objetiva, determine debilidades y se emprendan mejoras.

En este sistema de evaluación debe constar un indicador de evaluación del docente. Para eso habrá de elaborarse un reglamento de evaluación que considere la función de docencia, investigación, vinculación con la colectividad, administración y gestión, con sus respectivos ámbitos. Toda evaluación se la aplica siempre para mejorar. Este  tema debe manejarlo el Ministerio de Educación con criterio técnico y humano.

Wilmer Zambrano,
doctor, Guayaquil