Tras ratificar la ley que frena la caducidad de la detención en firme, aprobada ayer por el Congreso Nacional, el presidente de la República, Rafael Correa, enfatizó que saldrán libres solo las víctimas del sistema judicial, no los victimarios.
El Legislativo aprobó ayer la ley interpretativa del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que impide que 3.589 presos dilaten las audiencias para beneficiarse con la caducidad de la detención en firme estipulada por el Tribunal Constitucional, el pasado 23 de octubre.
La caducidad de la detención en firme estipula que los reos que llevan un año detenido sin recibir sentencia, salgan en libertad.
El jefe de Estado indicó que con la ley recién aprobada "podrán salir en libertad aquellos presos víctimas del sistema de justicia, no aquellos presos victimarios del sistema de justicia". Agregó que no saldrán quienes retrasaron sus audiencia.
Advirtió, además, que no le "temblará la mano para aplicar la ley con toda firmeza" en caso de que los reos comiencen a amotinarse por la ratificación de la ley interpretativa.
Reformas carcelarias
El Presidente indicó que ayudará a mejorar el sistema penitenciario con la repatriación de reos extranjeros, declarando injusto el encierro de enfermos terminales y promoviendo una reforma al Código Penal en la Asamblea Nacional Constituyente.
En cuanto a la administración de justicia, señaló que a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se le darán 20 juzgados más "para ver si así pueden impartir justicia".
A los acusados, les dará también 200 defensores públicos para que se defiendan.
Reos en ayuno
Así se declararon los internos del ex penal García Moreno, de la Penitenciaría del Litoral y de la cárcel de mujeres de Guayaquil, en rechazo a la Ley que aprobó ayer el Congreso Nacional, con la que intenta frenar la salida de 3.589 presos sin sentencia de las cárceles del país.
A partir de este miércoles, los presos del ex penal García Moreno estarán en reunión permanente para determinar las acciones que tomarán, aunque descartan que las medidas que se tomen sean violentas. De esta forma se pronunció esta mañana Geancarlos Aragundi, presidente del Comité de internos del centro penitenciario, al noticiero de Telamazonas.
Aragundi descartó que los internos vayan a recaer como antes en acciones de amotinamientos carcelarios, vandalismos, paros y huelgas. Aseguró que esas medidas las venían haciendo otros comités a nivel nacional. Ahora se podría decir que incurrirán en medidas pacíficas, de desobediencia civil.
Entre las medidas que los internos contemplan está la demanda de inconstitucionalidad de la ley interpretativa del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal (CPP), aprobada ayer por el Parlamento; además, declararse en desobediencia judicial, "impedir que más internos salgan a las audiencias de juzgamiento de prelibertad", indicó Aragundi.
No obstante, enfatizó que aquellos presos que están a punto de recobrar su libertad pueden elegir voluntariamente si desean salir a la audiencia de juzgamiento o quedarse a apoyar.
Aragundi desmintió que los presos estén dilatando las audiencias para acogerse y beneficiarse de la detención en firme, que libera a las personas que llevan un año detenidas sin recibir sentencia, ley que fue estipulada por el Tribunal Constitucional el pasado 23 de octubre del 2006, y que el Congreso Nacional frenó ayer.
El dirigente carcelario acusó a los jueces y fiscales de dilatar las audiencias "por vagancia".
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