Los jueces penales y miembros de tribunales deberán entregar hoy al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) el informe sobre las causas ingresadas en sus despachos, el tipo de delitos y el número de detenidos.
Los reportes serán entregados al Ministerio de Seguridad Interna y Externa, a la Unidad de Gestión de la Defensoría Pública y al Comando Conjunto de las FF.AA. para su análisis.
Los pedidos de los informes se deben a que faltan cuatro días para que se derogue la detención en firme, con lo que podrán quedar libres los reos con más de un año sin sentencia.
Esta medida se aplicará con las excepciones aprobadas el martes por el Congreso Nacional, en su ley interpretativa al artículo 169 del Código de Procedimiento Penal. “Solo saldrán los que no han dilatado los juicios”.
La Unidad Transitoria de Gestión de la Defensoría Pública asumió ayer la defensa de los internos que no disponen de un abogado y que se encuentran sin sentencia.
Se priorizarán las peticiones de libertad para los que están ilegalmente detenidos.
El director de la Unidad Transitoria de Gestión de la Defensoría Pública, Gabriel Pazmiño, se reunió ayer con los abogados e internos de las cárceles de Quito para conocer los casos que se priorizarán. Desde el lunes, se presentarán las peticiones y recursos de amparos de libertad, tras considerarse que se encuentran ilegalmente detenidos.
De las entrevistas con los internos se determinó que hay reos (aunque no se cuantifican) que desde hace uno o dos años no acudieron a las audiencias porque no fueron llamados por los jueces.
En este sentido, se solicitará al juez que disponga la prisión preventiva y ordene la libertad. En caso de que esto no ocurra, se pedirán las justificaciones para no permitirles la salida.
Para hoy está previsto que 40 abogados, de los 200 contratados, se reúnan con los internos de la Penitenciaría.
En esa cita se determinará quiénes son los detenidos que se pueden beneficiar con la aplicación del artículo 24, Nº 8 de la Constitución.
La norma establece que las personas que se encuentren detenidas sin sentencia más de un año deberán salir en libertad.
Además, se determinará a los reos que requieren de una defensa inmediata.
Audiencias irregulares
Mientras en Quito los tribunales penales no programaron audiencias de juzgamientos, por la rebeldía judicial de los presos, en Guayaquil se registraron dos diligencias, de 30 convocadas.
Según el director de la Penitenciaría del Litoral, Joselo Albán, indicó que la suspensión de las audiencias se debió a la falta de fiscales, abogados defensores y testigos y no de los presos.
Albán se reunió ayer con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, Primo Díaz, para analizar la situación de los reos que tienen más de un año sin sentencia.
“Los internos han depuesto el paro y las actividades se realizan normalmente”, dijo Albán.
En tanto, Díaz se quejó por el colapso del sistema judicial, por lo que se requiere de urgencia la creación de más juzgados y tribunales. “El Congreso planteó una medida parche que no solucionará el problema de fondo”, expresó.
Detalles
Reos inconformes
Demanda
Tres mil presos firmaron una demanda contra el Congreso Nacional.
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