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Fernando Balseca |
Ofensas a la bandera
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En la carretera bloqueada unos pocos individuos que apoyan la provincialización de la península de Santa Elena montan una actuación para las cámaras que la televisión acoge con rapidez morbosa: cogen la bandera blanquiceleste de Guayaquil y la destrozan; unos pedazos arden con el fuego, otros retazos son usados por un par de manifestantes para efectuar gesticulaciones obscenas. La escena es fuerte y no aporta con recados positivos, pero, en cambio, con-lleva una carga profunda de significado. Sabemos que un símbolo simboliza, es decir, que el símbolo ocupa el lugar de otra cosa. Al destruir el símbolo, los manifestantes no están simplemente quemando o rasgando una tela; pero tampoco están incendiando la capital de Guayas; ellos están atacando la farsa política que apuradamente inventó la noción ficticia de lo “guayasense”, que nunca ha pesado entre nosotros.

Por esto resulta una desproporción la postura del Alcalde de Guayaquil de seguir juicio penal a los individuos que denigraron el estandarte guayaquileño. Cuando le conviene, el poder únicamente se fija en la literalidad de las cosas. Por ejemplo, hace poco, manipulando los titulares deportivos, con prédica diario en mano y sin percatarse de lo patético de su análisis, el poder ministerial acusaba a EL UNIVERSO de incitar a la violencia en los estadios. En esta ocasión, el poder local ve en el agravio de los manifestantes un delito que acarrea la cárcel para los autores de la ofensa. Está claro que el embate de los peninsulares no es contra una supuesta esencia guayaquileña sino contra la displicencia con que las autoridades provinciales han atendido a los pueblos. No tenemos que enclaustrarnos en las formas: no se ha abrasado a Guayaquil; se ha incinerado una conducta que no vela por los más necesitados.

También los políticos tradicionales que están en desbandada han ofendido por décadas a la bandera. Estos, en cambio, camuflados en los buenos modales con los símbolos patrios nacionales, han incumplido con descaro su función primordial. En Carondelet o en el Congreso hemos visto que, al ingresar a esos recintos, los políticos se inclinan con una reverencia cuasirreligiosa ante la urna que atesora el pabellón patrio. Para esa vieja guardia la democracia ha consistido solo en esa formalidad, y nos ha hecho creer que esa venia era suficiente para llenarse del estado de gracia de padres de la patria y que sus actos estaban garantizados. Pero a esos que se inclinaron ante el pendón les ha importado muy poco el símbolo, ellos hicieron un saludo hueco a la bandera. ¿Quién pide cárcel para estos que juraron ante el estandarte y lo afrentaron con el ofensivo incumplimiento de sus tareas?

Las imágenes del ultraje que muestra la televisión no son constructivas; es desagradable mirar lo que esos sujetos hacen con los jirones de la bandera, pero un gobernante debe preguntarse qué originó esa actitud: debe leer el símbolo e interpretarlo. Y la respuesta aparece nítida: los poderes provinciales no han compartido una visión amplia y generosa con la provincia; lo guayaquileño ha sido determinante por encima de cualquier otra identidad; los rincones peninsulares han padecido la ineficacia de la prefectura; el Puerto Principal ha reproducido las trabas que a nivel nacional tan acremente cuestiona. Los ofensores peninsulares deben ser castigados con una pena alternativa, acaso el trabajo comunitario. En Santa Elena se ha carbonizado el hecho injusto de que unas regiones posean más que otras y se han chamuscado jerarquías que ya no se reconocen como tales.
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