Por los medios de comunicación  conocemos que se revisarán los convenios de concesión del Estado con las operadoras de telefonía móvil.

Es preciso que los contratos de concesión de bienes y servicios públicos sean transparentes y que los operadores o concesionarios puedan realizar utilidades razonables y en línea con su riesgo o inversión. Pero para no desprestigiar estos esquemas de uso u operación de servicios o recursos públicos es importante que los nuevos convenios corrijan las fallas de los anteriores, introduzcan cláusulas de protección de derechos de usuarios o consumidores y también que la sociedad ecuatoriana (Estado) tenga un rendimiento asegurado por esa concesión.

Es inadmisible que una concesión de este tipo no genere  ingresos al Estado, si el operador que se supone está calificado técnica y económicamente para ser favorecido con la concesión, parte del negocio y riesgo debe ser  dar a la sociedad ecuatoriana la seguridad de que será partícipe de manera equitativa por la explotación de ese servicio o bien público; y por consecuencia elemental de que los consumidores no estarán desprotegidos y que sus derechos de usuarios han sido tenidos muy presentes al negociar esos convenios.

Para el caso particular que me ocupa, insólito, único e inaceptable es que se cobre al usuario de telefonía fija por llamadas a celulares. Estos usuarios deben pagar a su operador  por el uso de su sistema. En nuestro caso pagamos dos veces al operador de la red de telefonía fija y la interconexión con el teléfono móvil.

 Ecuador debe ser el único país del mundo en el que se aplica este sistema de cobro por llamadas en beneficio de los operadores de telefonía móvil y en detrimento de los usuarios de redes de telefonía fija; a pesar de ello su operación no es rentable. Posible pero de ser así, esa debe ser una razón para descalificar para la  renovación de contrato de concesión. No tiene sentido para el país renovar el convenio a un operador incapaz. Si el Estado no gana y el usuario no recibe buen servicio sin ser esquilmado por ello, para qué privatizar. O busquemos mejor el operador o negociemos bien los contratos.

Las organizaciones de Veeduría Ciudadana y de Defensa de los Derechos del Consumidor deberían estar involucradas e intervenir para asegurar los derechos de los usuarios, en los formatos de  esos contratos ya deberían estar preparadas con antelación las cláusulas que garanticen al Estado y a los usuarios su beneficio y sus derechos a un buen servicio sin abusos.

José l. Tamariz Crespo,
ingeniero industrial, Guayaquil

Un verdadero asalto a mano armada considero ciertos nuevos planes para exprimir aún más el bolsillo de los consumidores de ciertas telefónicas celulares.

Solo en este país podría pasar; ¿cómo es posible que ahora se nos quiera cobrar la cantidad de 6 centavos por revisión de nuestro saldo, ya que este debería seguir siendo un servicio gratuito? ¡Ahora de qué manera los usuarios tendríamos un control de nuestro saldo ya que cada vez que lo hagamos en nuestro afán de verificar y ahorrar nos saldrá más caro que una llamada! Espero que alguna autoridad competente intervenga y evite estos abusos.

Gabriel Tutivén Arreaga,
Guayaquil

La ciudadanía está cansada de los continuos abusos cometidos por ciertas telefónicas. Lo peor es que no existe reacción de parte de los perjudicados para parar esta situación.

Los usuarios, por llamar a una persona que está en la esquina de su casa, pagamos lo mismo que si nos comunicáramos con personas en el extranjero. Es tiempo de que los ecuatorianos tomemos cartas en el asunto y nos unamos para parar los continuos abusos de telefónicas. La responsabilidad es de todos. Propongo que por cada abuso cometido haya una denuncia en la Fiscalía. La gente no debe dejarse meter la mano en el bolsillo. Aunque sea un centavo amerita el respectivo reclamo ya que no se trata solamente de dinero, sino de justicia y dignidad.

Propongo además un cambio de clientes a operadoras que ofrezcan buenos servicios y a mejores precios. Si el dinero y los servicios no son argumentos suficientes para cambiarse, pues entonces hagámoslo por justicia. Tenemos que lograr que se maneje éticamente. Propongo hacer llamadas masivas y continuas para presentarles nuestro rechazo por sus abusos. Solo así entenderán que ya no están tratando con el pueblo sumiso de antes que no reclamaba, que soportaba cada vez y cuando que le metieran la mano en el bolsillo. No se asombren que como siempre aparecerán y dirán que se atenta contra la libertad y que ya no vendrá inversión. Ecuador está abierto a la inversión, pero a una que no se apropie de las utilidades de los trabajadores, que no abuse de su condición de tener mercado mayoritario cautivo, que aporte con la sociedad. Lo único que hacemos es aplicar el legítimo derecho de unirnos para hacernos respetar, hacer que bajen las tarifas.

Robert Soriano,
Salinas

Hace poco fuimos perjudicados millones de usuarios de telefonía celular durante más de 24 horas sin servicio por unas fallas técnicas, sin embargo la información que recibimos fue nula o incompleta.
Aún no se exige que las operadoras inviertan más en la parte técnica y servicio, todo es publicidad. Para colmo, el ente encargado de sancionar a operadoras por su pésimo servicio nos castiga a los usuarios dejándonos una hora incomunicados, como si fuera la parodia de un cómic donde el juez sanciona al perjudicado.

Walter Gamarra Y.,
Guayaquil
 
Me quedo con esas operadoras. Sí, es cierto que estuvimos un día incomunicados por la falla técnica que sufrió esa empresa, pero fue un día y nada más y el error se solucionó de inmediato.
Me quedo mil veces con empresas privadas donde estos episodios son la excepción, que con una empresa pública en las que las fallas son el pan de cada día.

Jazmín Alejandra Villa Villavicencio,
Guayaquil

Deseamos y confiamos en que la Defensoría del Pueblo y otros organismos afines llamados a velar por los derechos ciudadanos no declinen en su propósito de sentar ejemplarizadoras sanciones a las telefónicas por las “fallas” que colapsan el servicio a más de seis millones de usuarios.

No fue la primera vez que sus bases de datos de prepagos tienen problemas, lo cual es una mofa para el público que confía en esos servicios,  y peor que aduciendo ser fallas fortuitas se excusen irreverentemente y decidan “compensarnos”. Por sentido común no es posible que operadoras decidan cómo compensarnos ante tales perjuicios. ¡Es una burla!, porque muchos usuarios ni siquiera tuvimos acceso  al tráfico de voz y menos a mensajes de texto en los periodo ofrecidos como “compensación”. Ojalá que la Superintendencia de Telecomunicaciones pare de una vez todos los perjuicios que vienen ocasionando al país desde hace un buen tiempo.
 
Gladys Isabel García P.,
Guayaquil.