Gustavo Donoso, presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), explicó esta mañana que es aventurado dar una cifra de los beneficiados por la derogatoria de la detención en firme, pues aseguró que son los jueces los únicos responsables de determinarlo.
A partir de hoy recobra vigencia la caducidad de la prisión preventiva, estipulada en el artículo 24 numeral 8 de la Constitución, con lo cual deberán obtener su libertad los reos que tienen más de seis meses (delitos de prisión) y un año (reclusión) sin sentencia.
En diálogo con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) indicó que la dificultad para establecer un número de beneficiados radica en que cada juez debe realizar "el análisis de cada uno de los presos, porque cada caso tiene su pecularidad y circunstancia y después de la aplicación de esta ley interpretativa dictada por el Congreso evidentemente viene otro ingrediente más que hay que analizar que es cuáles son las situaciones por las que no se han realizado las audiencias de juzgamientos".
Aseguró que la derogatoria de la prisión preventiva es una medida que podría agilizar los procesos en el sistema judicial, sin embargo "el problema es que nuestras leyes van interpretándose y cambiándose en forma muy parcial de acuerdo a cantidad de situaciones inclusive de conveniencias".
"Esta disposición que acaba de dictar el Congreso debió haberla hecho hace mucho rato cuando salió la resolución del Tribunal Constitucional, antes de que se arme el escándalo como se está viviendo este momento" agregó.
Donoso aclaró que los constantes incidentes son los que permiten prorrogar más de una vez estas diligencias, trae como consecuencia que no se puedan cumplir los plazos ni tampoco los términos que están determinados en la Ley.
Pero la única forma para corregir esta situación es la reforma legal al Código de Procedimiento Penal, aseguró, para "que sea más ágil el procedimiento en cuanto se refiere a la realización de la audiencia de juzgamiento".
Agregó también que una reforma legal que permitiría el juzgamiento en ausencia en casos penales traería un beneficio, porque "en nuestra historia hemos tenido cantidad de casos que desaparecen hasta que prescriban su delito y evidentemente después aparecen como grandes ciudadanos".
Finalmente, indicó que estas reformas deben ser viables a través del Congreso pues es el poder Legislativo, y es el que tiene que dictar las leyes, hacer las reformas y las interpretaciones legales.
Ediciones Anteriores
