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Romero Parducci dice que la sanción es ‘cortina de humo’ |
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| El ex magistrado Ramiro Romero (i) junto a Ramón Jiménez, a quien acusó. Romero dice que ha despachado 76 proyectos. | | |
| Octubre 23, 2007
Una semana después de su renuncia como magistrado de la Segunda Sala de lo Civil, Ramiro Romero Parducci considera que la sanción impuesta por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que motivó su salida, es una “cortina de humo” para desvirtuar las denuncias de corrupción que él formuló.
Romero denunció al juez Ramón Jiménez Carbo y al secretario relator, Carlos Rodríguez, por dictar y notificar una sentencia sin su firma y con la fecha alterada, en una demanda por daños y perjuicios planteada contra el Banco del Austro.
Aunque la comisión que investigó el caso sugirió la remoción de ambos funcionarios y una multa para Romero, la CSJ resolvió suspender por 60 días sin sueldo a los dos primeros y con 30 días al último, con base en tres causales.
Según el informe de la comisión, la asistencia de Romero a su despacho era “irregular porque acude de martes a jueves; el número de causas despachadas eran más bajas que las de sus compañeros (42 frente a 109) y cometió una falta al aceptar un homenaje por su cumpleaños en la casa de Mario Ochoa, copatrocinador del juicio.
Romero se defiende. Con un oficio de la Corte en sus manos, asegura que los lunes trabajaba en Guayaquil en el control de las actividades que ejerce la Delegación Distrital y la Comisión de Supervigilancia del Guayas, tarea que le encargó el presidente de la CSJ, Jaime Velasco, ante un pedido suyo.
Los viernes, en cambio, dicta clases de Derechos Ciudadanos y Garantías Constitucionales en la Universidad Católica de Guayaquil, en la mañana y tarde.
Romero reconoce que Ochoa es su amigo y que le prestó la casa para celebrar su cumpleaños, pero aclara que no se trató de un homenaje. “Yo pagué todos los gastos”, indica.
Asegura también que desconocía que Ochoa, que luego fue nombrado conjuez, era abogado de quien presenta la demanda contra el banco.
Romero asegura que hubo tres proyectos de sentencia (el 27 de junio, 24 de julio y 28 de agosto), pero ninguno le fue presentado. El 30 de agosto, dice, se le presentó el expediente con la sentencia para que la firmara, pero esta tenía fecha 28 de agosto, cuando el 29 la parte acusadora pidió que el juicio pasara a la sala de conjueces.
Jiménez ha dicho que se trató de un error administrativo.
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