Ecuador otorgó la licencia ambiental a la estatal brasileña Petrobras para explotar el bloque petrolero amazónico 31, lo que permitiría que el yacimiento amazónico inicie su producción comercial en el 2009, dijo este martes el presidente Rafael Correa.
La obtención de la licencia era el último paso para el desarrollo del proyecto vital para las aspiraciones de Ecuador de aumentar su producción de crudo, pero que enfrenta objeciones de organizaciones ambientales por sus supuestas repercusiones en el ecosistema amazónico.
Petrobras obtuvo en diciembre la aprobación de su replanteada propuesta ambiental, pero Quito no emitió la licencia respectiva para emprender los trabajos en los que la compañía prevé invertir 300 millones de dólares para obtener hasta 40.000 barriles por día (bpd) de crudo pesado.
"La licencia ambiental ya se dio a Petrobras (...) Sí, ya está firmado", dijo Correa a periodistas.
El crudo a extraerse fluctuaría entre los 16 y 19 grados API y sería repartido entre el fisco ecuatoriano y la compañía, tomando como referencia una fórmula fluctuante acorde con la producción que se extraída de la concesión ubicada al este de Quito.
La declaración de Correa representó una bocanada de aire para Petrobras, que recibió la licencia ambiental en el 2004 para desarrollar el bloque durante la presidencia del militar retirado Lucio Gutiérrez, quien fue derrocado y reemplazado por el médico independiente Alfredo Palacio.
En agosto del 2005, el Ministerio de Ambiente bloqueó la licencia argumentando fallas en su otorgamiento y cuestionamientos a la iniciativa de Petrobras de enclavar parte de las instalaciones extractivas y logísticas dentro del Yasuní, que abarca unas 982.000 hectáreas.
Desde entonces, la empresa enfrentó obstáculos para obtener la nueva licencia. La compañía incluso contrato una póliza por 79 millones de dólares a favor de Ecuador para intentar tranquilizar a Quito. El caso provocó escozor en las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Brasil.
El nuevo plan ambiental que presentó Petrobras solventaría las objeciones ecuatorianas y establecería alternativas para reducir el impacto ambiental del bloque; como la minimización de las vías de acceso al campo, enterrar las líneas de flujo y colocar el Centro de Procesamiento de Fluidos (CPF) fuera del Yasuní.
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