Los hombres que atacaron a Ivan Y. Pavlov lo esperaban junto a su auto. Lo golpearon por detrás, lo pisotearon y lo patearon en la cabeza.
Ninguno de ellos pronunció palabra, no le robaron nada y se marcharon a toda prisa, mientras Pavlov yacía sobre la calle, con el cuerpo encogido a manera de defensa. Entonces, intentaron atropellarlo con su auto.
Pavlov rodó y logró esquivarlo, dijo. El auto aceleró y se alejó. “Tuve suerte de que fueran cuatro”, declaró en fecha reciente, al recordar el ataque, de 2006, con una mezcla de ironía y la precisión de un abogado. “Se empujaban para patearme y se entorpecían entre sí”.
La policía le dijo más tarde que el ataque parecía estar relacionado con su trabajo: una misión para abrir los depósitos de información del gobierno que, dice, son esenciales para la vida pública rusa y que, por ley, deben ser del dominio público, pero que la corrupción y la apatía mantienen fuera de vista.
Como director del Instituto para el Desarrollo de la Libertad de Información, organización privada que fundó, en 2004, Pavlov procura enseñarles a las agencias gubernamentales que las cantidades de información en su poder —estándares manufactureros y sanitarios, registros de tribunales, licencias, códigos de incendios, ofertas públicas, decretos administrativos, directorios telefónicos de agencias, registros de organizaciones públicas y privadas— deben quedar disponibles para ser vistos por cualquiera.
Su labor es necesaria, dicen él y sus partidarios, porque gran parte de la información básica sobre el ejercicio del poder en Rusia nunca se ha hecho pública, ni siquiera después de que la constitución incluyó, en 1993, el derecho del público a la información no secreta.
Información que alguna vez estuvo fuera del alcance del público por las políticas soviéticas ahora es retenida por gente dentro del gobierno que busca sacar ventaja económica de sus puestos. “Hay personas en todas las dependencias que desean vender su información, no proporcionarla gratis”, dijo Pavlov. “Es un elemento de corrupción ordinaria”.
Fue precisamente después de que Pavlov presentó una demanda para requerir que los estándares de servicios y productos fueran colocados en un sitio gratuito en Internet del gobierno, que él fue atacado. Regresó al tribunal tras dejar el hospital y, con el tiempo, un juez obligó al gobierno a subir los nuevos estándares a Internet.
Pavlov habla de la batalla de los estándares como un asunto de principios que no puede verse comprometida. “Esta información fue hecha con dinero de los contribuyentes”, aseguró. “Así que no puedes revenderla. Como le dije al tribunal: no pueden venderme mi camisa. Ya es mía”.
Pavlov concluyó sus estudios de leyes en 1997. De 1998 a 2004 fue director en Bellona, organización ambiental que ha luchado con Rusia en cuanto al secreto nuclear y la contaminación.
Con el tiempo, se dio cuenta de que el hermetismo en sí era un problema más fundamental.
“Nadie defendía el derecho básico: el derecho a saber y a tener acceso a la información”, indicó. “La gente no puede tener su libertad y hacer realidad sus demás derechos, sin éste”.
Sus objetivos incluyen la liberación de toda la información oficial en el servicio federal de estadísticas, una base de datos de fuentes de contaminación rusa en el aire y agua, los archivos y registros de corporaciones y organizaciones rusas, todas las certificaciones de productos y una base de datos de todos los decretos emitidos por los ministros en los gobiernos federal y regional.
Pavlov califica a su trabajo no como confrontacional, sino como un esfuerzo con base en la ley para enseñarle el camino a Rusia para que cumpla su promesa constitucional.
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