La abolición de las ejecuciones se votará en Asamblea general de la ONU, en diciembre.
Pese a ser unánimemente criticada por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, que la consideran atentatoria a los derechos humanos, la pena de muerte continúa aplicándose en el mundo.
La ONU resolvió el pasado 15 de noviembre una moratoria sobre la pena de muerte.
Ochenta y siete países, incluidos los 27 estados de la Unión Europea (UE), más de una docena de naciones latinoamericanas y ocho de África, impulsaron la resolución, que pide “una moratoria –no vinculante, es decir, no obligatoria– en las ejecuciones con la idea de abolir la pena de muerte, decisión que pasará en diciembre a ser considerada por la ONU en Asamblea General.
Amnistía Internacional (AI) calificó la votación de “resolución histórica e importante paso hacia la abolición de la pena de muerte en el mundo”, pues “aunque no es legalmente vinculante conlleva un gran peso moral y político”.
Agrega que la pena capital es la forma más extrema de pena cruel, inhumana o degradante y constituye una violación del derecho a la vida. Además hay riesgo de ejecutar a inocentes, y no se ha podido demostrar que tenga mayor efecto disuasivo frente a la delincuencia.
Ya el pasado 26 de junio, la ONU había señalado que la aplicación de la pena capital equivale bajo ciertas circunstancias a la tortura no solo del condenado sino también de sus familiares, sean o no legales en el derecho internacional.
Un informe de la organización Amnistía Internacional (AI) señala que 133 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos Ecuador, han abolido la pena de muerte. En el 2006, entre 19.000 y 25.000 personas fueron condenadas a muerte en el mundo y 1.591 fueron ejecutadas en 25 países, 91% en China, Irán, Pakistán, Iraq, Sudán y EE.UU.
En Asia, Kirguistán la suprimió el pasado 27 de junio. Kazajistán y Tayikistán lo hicieron en el 2003 y 2004, respectivamente. Uzbekistán considera abolir la pena capital tal como lo hizo Filipinas en el 2006.
Europa, salvo Bielorrusia, no la considera como sanción.
En África solo seis países realizaron ejecuciones en el 2006. Malawi declaró inconstitucional la pena capital, Nigeria concedió amnistía a los presos de más de 60 años de edad, Ruanda la abolió y Burundi, Gabón y Malí planean suprimirla.
Libia cambió la pena de muerte de cinco enfermeras búlgaras y un médico palestino condenados por contagiar a propósito el virus del sida a 426 niños. Por el contrario el pasado 24 de junio, en Bagdad, Alí el Químico, primo del derrocado dictador Saddam Hussein –también ejecutado en diciembre del 2006– fue condenado a muerte por el genocidio de 182.000 kurdos en 1988.
En China, el 15 de noviembre una persona fue ejecutada por malversar fondos y sobornar, dos de los 68 delitos susceptibles de pena de muerte que incluye el narcotráfico. Afganistán, Arabia Saudita, Irán, Mauritania, Pakistán, Sudán, Yemen y Nigeria penan con muerte la homosexualidad. Irán es cuestionado por ejecutar a doce menores de edad en el 2005 y 2006 y condenar a 71 este año.
En el 2006, el presidente peruano, Alan García, pidió la pena de muerte para genocidio, terrorismo, pedofilia y asesinato de niños y Sri Lanka declaró el fin de su moratoria sobre la pena de muerte y Jamaica quiere reinstalar la horca por un aumento en los crímenes.
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