Todos los guayaquileños nos sentimos afectados por la actitud incorrecta de unos cuantos individuos que ultrajaron la bandera de nuestra ciudad. Creo que esto fue agrandado por la actitud de los políticos. Digo esto porque a diario se ve el irrespeto a los símbolos patrios. Por ejemplo, en días pasados asistí a un festival que se realizó en un coliseo al sur de la ciudad en donde observé que la mayor parte de los asistentes utilizó el estandarte de Guayaquil para sentarse en los graderíos. Asimismo se podía observar en el suelo pequeñas banderas de la ciudad expuestas a ser pisoteadas por los asistentes.

En ese mismo evento, un joven tenía colocada en un asta el lábaro de nuestra patria invertida. Al indicarle que eso no estaba correcto me contestó que así se la  entregarono y no se había dado cuenta.

En las fiestas octubrinas, una  unidad educativa, ubicada en la calle Francisco Segura, durante dos días tuvo el símbolo patrio invertido. En una vivienda del Barrio  Centenario durante todo el mes de octubre se exhibió una bandera del Ecuador tan desteñida (el amarillo era blanco y el azul celeste) que no parecía la de nuestro país.

Cuando en un acto deportivo se interpreta el Himno Nacional muchas personas no dejan de conversar o caminar. El mal ejemplo lo dan los comentaristas deportivos. Además las cámaras de televisión en esos instantes solamente deberían enfocar la bandera ecuatoriana.

Así se podrían mencionar multitud de casos en que se ofende a los símbolos patrios. Algo hay que hacer para que los ecuatorianos cambien de actitud.

Creo que los medios de comunicación en campañas que duren todo el año podrían ayudar mucho.

Horacio Matamoros Osorio,
ingeniero civil, Guayaquil

Apelamos a la sensibilidad de la Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas para que se analice esta justificada petición: que se considere el recinto Macul, límite de las provincias de Los Ríos y el Guayas, para que se le dé  señalamiento vial  en la carretera y también le corresponde al Consejo Provincial del Guayas su mantenimiento, cumpliendo el lema eterno de  Guayaquil por la patria.

En la provincia de Los Ríos, específicamente en el cantón Vinces,  funciona la Unidad de Tránsito Municipal que realiza el control de las  cooperativas de transporte interprovincial y cantonal, especialmente en las unidades de busetas, taxis, triciclos y sobre todo el control de motos; debido al crecimiento de accidentes se encuentran realizando un censo y registro total de las cooperativas de transporte masivo que laboran en Vinces, y en defensa de los usuarios de ese cantón y con la nómina de los directivos, estas gestiones cuentan con el respaldo de la ciudadanía y las instituciones vinceñas.

Remigio Carcelén Gómez,
Vinces, Los Ríos

El 29 de octubre del 2007 se llevó a cabo en Quito el seminario taller ‘Los sectores energético y minero en la nueva Constitución’ con la participación del ingeniero Agustín Paladines en el área minera. Este evento ha sido organizado por el economista Alberto Acosta de la forma más regionalista, sin invitar  a los mineros costeños. Además ha manifestado que “de minería no sé nada”.

Históricamente, la minería siempre estuvo en manos de personas de la Sierra. Fue tan hermético el asunto que los ecuatorianos teníamos que hacer la reverencia para que los técnicos  concedan, después de engorrosos trámites, una pequeña concesión minera fuera del área destinada al supuesto “desarrollo minero”. Mientras esto ocurría, la oficina con  staff  de abogados mantenía el contacto con la Dirección Nacional de Minería para la venta de concesiones de todos los gustos y sabores.

Muchos  deben sus inmensas fortunas al tráfico deliberado de concesiones mineras. Era  tanta la corrupción que grandes empresas mineras del mundo se vieron obligadas a retirarse, después de descubrir el potencial del país, por el chantaje y la coacción a que fueron sometidos. Los personajes autores de esta historia todavía  dirigen la minería y ahora con mayor fuerza ya que cuentan con todo: dinero, influencias y apoyo gubernamental.

Si no es así, ¿cómo se explica que el  organizador del mencionado seminario taller no haya invitado a nadie de la Costa? Sería de desear que ahora que se ha descubierto una de tantas áreas mineras, única en el mundo, por parte de la Aurelian Resources, la conducción de la minería cambie para bien del país.

A mi forma de ver, aquí no hay nada que inventar. Solamente debemos hacernos firmes en la experiencia peruana, país con bonanza económica producto de la minería y con el primer lugar del potencial minero de Latinoamérica. No soy partícipe de la experiencia chilena, porque tiene otros factores ajenos a nuestra idiosincrasia y a la actividad de empresas extranjeras con inversión y riesgo.

La minería nos pertenece a todos los ecuatorianos y no a un minúsculo grupo, que hasta el momento ocupa todos los cargos directivos de la incipiente institucionalidad minera.

Walter W. Wiesner,
ingeniero, Guayaquil

Esta es una población que se desarrolló de forma espontánea por colonos principalmente, llegando a ser el recinto más grande del país. Siempre estuvo dentro del territorio de la provincia de Esmeraldas. El expansionismo de provincias  que las ha llevado a tomarse zonas pertenecientes a otras provincias, mediante la inscripción de matrimonios, nacimientos, defunciones en el Registro Civil del cantón  más cercano, o la de títulos de propiedad de inmuebles en el Registro de la Propiedad del propio municipio  más próximo, llevan –en un momento– a pedir la anexión a la  provincia  colindante, contrariando la historia. El principio de la libre determinación de los pueblos, invocado para un referéndum o plebiscito en La Concordia, se aplica a las unidades sociogeopolíticas de alcance nacional, como lo ha defendido nuestra diplomacia en toda la historia frente al Perú. Es inadmisible e impropio para unidades sociogeopolíticas menores. No puede prevalecer la voluntad de un grupo menor cuando hay perjuicio orgánico de un ente mayor.

Es decir, no cabe invocarlo para el recinto o parroquia La Concordia en perjuicio de la territorialidad de la provincia de Esmeraldas.

El desacreditado Congreso Nacional, en uno de sus pocos últimos aciertos, ha hecho justicia al decretar que La Concordia pertenece a la provincia de Esmeraldas.

Eduardo Beltrán Velásquez,
abogado-ingeniero, Guayaquil

Estoy totalmente de acuerdo en que se realice una renovación masiva de todas las licencias para conducir en esta ciudad. Pero lo que me preocupa es que los usuarios tengamos que soportar el pésimo servicio que la CTG brinda en el departamento de Brevetación. Peor aún ahora que se van a renovar las licencias de cientos de miles de usuarios en tan poco tiempo. Aunque esto es cuestión de implementar un buen sistema debidamente planificado y organizado.

Lo más preocupante de todo es que seguramente se va a poder dar coimas a los oficiales al mando de este departamento y muchos usuarios obtendrán sus licencias por la izquierda sin tener que rendir  los exámenes teóricos y prácticos.

Para poder implementar esta renovación masiva de licencias debemos empezar por cambiar a  quienes están al mando del mencionado departamento  y poner a personas civiles que tengan experiencia en administración de empresas. Pagarles un buen sueldo, darles bonos e incentivos por cumplimiento de metas; y que exista una sola firma autorizada para la aprobación de la licencia como tal.

El permiso para conducir no solamente debe  ser un plástico impreso donde consten los datos personales, detrás de esto debe haber una amplia información donde consten también la información completa de toda la familia.  Finalmente esta información debe  ser confirmada por la misma CTG para luego hacer la entrega del documento en el domicilio del usuario y así confirmar físicamente la dirección de cada uno. De esta manera  la CTG podrá ubicar y encerrar a los responsables de los accidentes de tránsito.

De no tener un buen control en este sentido, seguiremos viendo accidentes y muertes todos los días en  calles y carreteras. Los choferes de buses seguirán huyendo de los accidentes, los taxistas seguirán irrespetando las leyes de tránsito, los motociclistas seguirán conduciendo sin casco y todos seguirán manejando con alcohol en las venas.

Juan Carlos Amador Bayas,
Guayaquil

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap), anexo al Ministerio del Trabajo, no estaba dando últimamente al país una verdadera capacitación popular a la comunidad ecuatoriana. Las injerencias políticas y las malas administraciones anteriores permitieron que el Secap hoy no cuente con los  recursos que aportaba el sector productivo del país.

Todo comenzó en el gobierno del doctor Gustavo Noboa Bejarano cuando se quiso privatizar al Secap a través de un decreto. El sector empresarial de Guayaquil estuvo de acuerdo en un principio, pero las cámaras de Producción del resto del país, especialmente  de Azuay, las del sector laboral cuencano no lo permitieron, entonces se condicionó: Que los fondos obtenidos de la aportación del sector laboral (4-5 millones de dólares anuales aproximadamente) no vayan directo al Secap sino al Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional creado por el Ministerio del Trabajo, y solo si el Secap demostraba ser eficiente y competitivo, obtendría la aportación directa del sector productivo de cada localidad.

¿De qué vive  el Secap si no ha sido eficiente y competitivo? ¿Solo de la autogestión? Promover cursos a altos costos no es la solución, revisar pénsum, estrategias, seleccionar facilitadores o una reingeniería administrativa podría ser el camino a la eficiencia. Ojalá los nuevos asambleístas recuerden también que la obra de mano calificada debe ser prioridad en el trabajador ecuatoriano, la capacitación permanente a la ama de casa, al estudiante mismo que después de su bachillerato desea una carrera corta, porque todos ellos anhelan mejores días para su familia y su patria.

El Secap, no puede ser suplantado por ninguna otra organización, la inversión para participar de los servicios de capacitación debe ser considerada por las circunstancias económicas que atraviesa el país.

El gobierno del presidente Correa a través del Ministerio de Trabajo y Empleo hace unos pocos meses lanzó el programa de capacitación para el sector vulnerable a través del Secap para educar de manera gratuita, especialmente a internos de la penitenciaría, pequeños agricultores, pandilleros y trabajadores del servicio doméstico, pues ese debe ser el principal rol del Secap en el desarrollo social, económico y cultural del pueblo ecuatoriano.

Alberto Astudillo Noblecilla,
doctor, Guayaquil

El argumento invocado por la vocal del Tribunal Constitucional, Nina Pacari, de que el Municipio de Guayaquil está facultado para planificar, organizar y regular el tránsito en su jurisdicción, pero no para prohibir el uso de la vía, por ser inconstitucional, según lo reseña ayer EL UNIVERSO,  es lo más absurdo que he leído en mi vida. Es como si se prohibiera establecer calles de una sola vía por atentarse contra la libertad constitucional de movilizarse en ambas direcciones. ¿O sea que también todos estos años se han violado nuestros derechos constitucionales al decretarse que sea unidireccional la vía Guayaquil-Salinas los fines de semana? Parece mentira que una ex canciller de la República tenga la desfachatez de decir semejante tontería. Todas las ciudades del mundo, inclusive las de Ecuador, tienen regulaciones y restricciones al tránsito y al uso de las calles. Pero como ya todos sabemos, este asunto viene con dedicatoria a Guayaquil.

Transcribo la disposición constitucional: “art. 234.- El concejo municipal, además de las competencias que le asigne la ley, podrá planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre, en forma directa, por concesión, autorización u otras formas de contratación administrativa, de acuerdo con las necesidades de la comunidad”.

César Holguín Espinel,
abogado, Guayaquil

El pasado 11 de octubre  me dejaron en mi domicilio una hoja volante sin firma ni nombre de persona que se haga responsable, invitando para esa tarde a una reunión de dicha ciudadela, para tratar asuntos de alcantarillado y  agua potable. En la cita que se llevó a cabo, el “dirigente” manifestó a los presentes que había conformado un comité pro mejoras  como medio de organización y realizar el trabajo de alcantarillado y el agua potable, que esta inquietud se la había dado a conocer a la Alcaldesa, manifestándole esta “que el Municipio no tenía dinero para hacer esas obras en la ciudadela Santa Rosa y que podía contribuir con una maquinaria y  un poco de arena, siempre y cuando los moradores se comprometieran a costear el resto de los materiales y la mano de obra que se necesita para ese trabajo”.

El presidente anónimo del comité pro mejoras  convocó a los habitantes para decir que según los cálculos hechos, a cada habitante  le correspondía aportar con 90 dólares (en la ciudadela hay más de 100 viviendas).

Muchas personas no estuvieron de acuerdo porque no veían las cotizaciones que pudiera haber hecho el “dirigente”, por lo que optó hacer una rebaja e imponer la cantidad de 70 dólares. Esta forma de financiar una obra que no es de competencia de los moradores sino del Municipio, creó las dudas y por último, la división. Dos bandos mantienen la idea del financiamiento con el dinero de los habitantes de la ciudadela. Un tercer grupo no está de acuerdo en pagar ninguna cantidad para la obra que es responsabilidad  del Municipio y esto ha llegado a conocimiento de la Alcaldesa, quien ha amenazado a los disidentes y ha dado un plazo de que esa obra debe estar a más tardar hasta el 15 de diciembre del 2007, y que al que no dé su aporte económico no se le ponga ningún tubo de drenaje y que si reclama se las verá con ella, y cuando se pavimenten las calles no podrán romper el pavimento porque los multará.

Al Cabildo le corresponde procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses locales; planificar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales. Para el logro de estos fines cumplirá con las  funciones que le asigna la ley, preferentemente en forma directa y por contrato o concesión cuando ello fuere  conveniente. Las funciones primordiales son dotación del sistema de agua potable y alcantarillado, construcción y mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del uso de caminos, calles, parques, plazas y demás  espacios públicos.

Como ciudadana conozco mis derechos porque pago mis impuestos para que estos sean revertidos en obras, ya que el Municipio se nutre de los impuestos sobre la propiedad urbana; rural; alcabalas; de Registro e Inscripción; sobre los vehículos, de las matrículas y patentes; de los espectáculos; de las utilidades; la compraventa de inmuebles; el impuesto al juego y la asignación que el Gobierno central envía a los municipios de la República. Estas son las rentas que tiene el Cabildo, que son más que suficientes para que haga las obras de alcantarillado, agua potable y pavimentación en la ciudadela Santa Rosa del cantón Durán, y no a costilla de sus habitantes.

Lutgarda Proaño E.,
Durán, Guayas