Marcia Soares, abogada y funcionaria federal de derechos humanos, en Brasilia, no ve la hora en que sea demolida la cárcel de la policía de Abaetetuba.
Para ella, la prisión ha llegado a simbolizar todo lo que está mal con los esfuerzos de Brasil por proteger a mujeres y niños de la violencia.
Fue en Abaetetuba, en el estado noreste de Pará, en las márgenes del río Amazonas, donde una niña de quince años, arrestada como sospechosa de robo menor, fue confinada ilegalmente con 34 presos varones, a fines de octubre. Durante 26 días, la trataron como su juguete, al violarla y torturarla una y otra vez. A veces, la quinceañera sostenía relaciones sexuales a cambio de comida; en otras, simplemente, era violada, señalaron investigadores federales.
Los policías en la cárcel hicieron más que ignorar la violencia. La raparon con una navaja, para darle una apariencia más masculina, dijeron los investigadores, y ahora, la culpan de mentir respecto a su edad.
El caso plantea un examen de conciencia en Brasilia, donde los funcionarios federales se muestran cada vez más preocupados por el trato que reciben las mujeres y los menores de edad en el atestado sistema penitenciario de Brasil y la omisión de los jueces, por todo el país, a procesar casos de tortura.
Lo que les ha parecido particularmente descorazonador a los funcionarios federales de derechos humanos, en el caso de la niña de quince años, fue la cantidad de personas que tuvo oportunidad de protegerla. Soares indicó que la policía, la jueza y un defensor de oficio, quien la visitó en la cárcel, sabían que la adolescente estaba recluida con puros hombres.
Las mujeres constituyen apenas el 5 por ciento de la población penitenciaria de Brasil, pero la cifra va en aumento. Los estados no han construido suficientes prisiones con instalaciones exclusivas para mujeres, pese a que así lo requiere la ley federal.
Incluso cuando Brasil fue elevado, en noviembre, a la categoría más alta de desarrollo humano de las Naciones Unidas, su historial de derechos humanos y sus antecedentes contradictorios en castigar a los culpables de abusos han sido un punto débil, a nivel internacional. Un equipo SWAT opera en Río de Janeiro para sacar de sus guaridas y asesinar impunemente a narcotraficantes. Rara vez se procesa a los policías bajo una ley de 1997 contra la tortura, a raíz de la “institucionalización de la tortura”, bajo la dictadura militar y más de 300 años de esclavitud en Brasil, indicó Paulo Vanucchi, ministro de Derechos Humanos del país.
Ana Júlia Carepa, gobernadora de Pará, se ha apresurado a limpiar el escándalo carcelario desde que se hizo pública la situación, a fines de noviembre.
Carepa presionó a Raimundo Benassuly, jefe de policía estatal, para que renunciara un día después de que declaró públicamente que la niña había mentido sobre su edad, ya que padecía una “deficiencia mental”. La policía ha dicho que la joven afirmó tener 19 años, no quince, durante varios roces con la ley.
Soares comentó que los funcionarios, entre ellos la jueza en el caso, no le exigieron a la niña documentos para comprobar su mayoría de edad, pese a tener una estatura menor a 1,50 metros y pesar unos 35 kilos. “La primera vez que la vi, pensé que tenía doce años, no quince”, recordó Soares.
Para Carepa, la edad de la niña es irrelevante. “Así tenga 15, 20, 50, 80, o casi 100 años, no importa”, dijo a reporteros, en Río de Janeiro. “Una mujer no puede estar en una celda con hombres”.
Carepa anunció que la cárcel sería demolida y reemplazada por una que cuente con instalaciones para mujeres.
La magistrada que envió a la quinceañera a la cárcel de hombres, Clarice María Andrade, está bajo investigación y podría ser despedida. Dos personas bajo su cargo están acusadas de alterar un documento para fingir que la jueza había aprobado una transferencia de la cárcel poco después de que lo solicitó la policía, no doce días más tarde.
Los funcionarios locales ya estaban familiarizados con la niña, antes de que fuera arrestada y enviada a la cárcel de Abaetetuba, el 21 de octubre. Miembro de una familia desintegrada, había abandonado la escuela y frecuentaba un área conocida como una zona de prostitución infantil, manifestó Soares. Durante los 26 días, ningún familiar acudió a buscarla.
En sus dos primeros días de encarcelamiento, un hombre la violó en los baños, contó la niña a investigadores. Los reos dependen de familiares que los visitan para llevarles comida. Sin visitas, el hambre extrema pronto hizo presa de la niña, quien empezó a tener relaciones sexuales a cambio de alimento, narraron los investigadores.
Otros hombres simplemente la violaron cuando les daba la gana, y la torturaron a manera de diversión, señalaron los investigadores. Varios residentes escucharon los gritos de la niña desde la calle, que pasa cerca de las ventanas de la cárcel. Sin embargo, durante semanas, nadie acudió en su auxilio.
Fue sólo cuando llegó un recado anónimo a la agencia local de servicios de protección infantil, que fue retirada de las instalaciones.
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