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Consep denunció mal manejo de los bienes incautados |
Diciembre 27, 2007
QUITO
El organismo deberá devolver carros, casas y haciendas del operativo Ciclón.
La decisión judicial, emitida la semana pasada por la Corte Superior de Quito, de devolver a nueve implicados los bienes incautados en el operativo Ciclón (1992), cuyo principal implicado es Jorge Reyes Torres, dejó al descubierto el manejo irregular de esas posesiones.
Esa fue la conclusión a la que llegaron los técnicos del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), que realizaron una inspección de bienes, entre vehículos y propiedades, a nivel nacional.
Aunque deslindó responsabilidades del manejo anómalo, el secretario ejecutivo del Consep, Domingo Paredes, informó que existen 34 bienes en custodia del organismo que preside, incautados en el operativo.
En la lista hay además 90 vehículos, entre camionetas, retroexcavadoras, autos de lujo y maquinaria agrícola –algunos dados en comodato a la hacienda San Antonio–, que fueron vendidos en subasta pública y otros están embodegados.
De los vendidos, los recursos fueron a una cuenta del Banco Central, pues en caso de restitución, según la ley de Sustancias Psicotrópicas, se devuelve el dinero a los sobreseídos.
Entre las instituciones a las que se entregaron bienes en comodato constan el Vicariato Apostólico, la Policía Nacional (10), el Ministerio de Educación y Ministerio de Relaciones Exteriores (departamento que entregó a la Organización de Estados Americanos, OEA).
También son beneficiarios la Escuela Politécnica del Ejército (12), el Ministerio Público (1), la Unidad de Investigaciones Financieras (4), entre otros.
En los contratos de comodato se incluyó una cláusula que determina la entrega inmediata del bien cuando haya una disposición legal de restitución.
Según Paredes, el Consep administra alrededor de 100 millones de dólares en bienes y, en contraparte, recibe alrededor de un millón de dólares mensuales por arrendamientos, cuyos contratos fueron subvalorados. Este tipo de irregularidades, que fueron heredadas por la actual administración, dijo el funcionario, deberán ser castigadas por los jueces respectivos, una vez que la Fiscalía y la Contraloría realicen las investigaciones correspondientes.
Mientras, la Fiscalía General calificó de improcedente la restitución de bienes a los implicados en este caso.
No obstante, el presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Quito (CSJ-Q), Alfredo Albuja, defendió su resolución.
El funcionario determinó que todo sobreseimiento (absolución) debe ser consultado al superior y, en este caso, la Sala Penal confirmó ese pronunciamiento luego de cinco años, lapso que otorga la ley para que un auto de sobreseimiento sea definitivo. Por ello, dijo, la resolución es irreversible.
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