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Fiscalía investiga si hay más implicados

Enero 06, 2008

La fiscalía investiga si hay más implicados en el delito de trata de menores denunciado en la clínica Metropolitana, en Tulcán (Carchi). El hecho fue dado a conocer por la Secretaría Anticorrupción y provocó el cierre del centro médico por parte de la directora de Salud del Carchi, Ruth Velasco. La clínica no cumplía con los requisitos para funcionar ni tenía el equipamiento necesario o las normas sanitarias para dar una atención adecuada a los pacientes.

Roque Goyes Martínez, agente fiscal que lleva el caso, dispuso el inicio de la instrucción y ratificó el pedido de orden de prisión contra Milton Proaño, principal acusado de vender bebés recién nacidos. Goyes evitó dar declaraciones para no caer en prevaricato. El plazo para cumplir con la instrucción fiscal es de 90 días, según lo estipula el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal.

El jueves anterior, el agente Goyes solicitó a la Dirección Provincial de Salud que entregue toda la documentación sobre la vida profesional y los antecedentes personales del doctor Proaño.

Por lo pronto, el médico permanecerá detenido, hasta que concluyan las investigaciones, por orden del juez primero de lo penal, Bayardo Garcia, quien negó que el implicado haya solicitado prisión domiciliaria.

Pero el galeno no solo tiene que enfrentar la situación penal a causa de las acusaciones legales, sino también la profesional, pues el Tribunal de Honor del Colegio de Médicos de Carchi está a la espera del dictamen judicial para tomar acciones.

En caso que Proaño sea responsable del delito del que se lo acusa podría perder su licencia como médico, por lo que estaría imposibilitado de ejercer en este campo profesional en un periodo máximo de tres años.

En el registro oficial 410 del martes 31 de agosto del 2004, el estado declaró como política de estado el combate al plagio de personas, a la corrupción de menores y a la trata de personas, la pena mayor para este delito es de 35 años de reclusión, según la reforma al código penal realizada por el Congreso Nacional en el 2004.

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