La pregunta más urgente es: ¿acaso espera el abogado del Estado que las fundaciones municipales paralicen su actividad? ¿Acaso la terminal terrestre o el aeropuerto deben quedarse sin empleados, sin vigilancia, sin limpieza, hasta tanto la Asamblea Constituyente –que no ha discutido hasta ahora ni un solo artículo de la nueva Constitución– resuelva qué hacer?

El procedimiento debe ser al revés. Primero que el Gobierno (cuya inspiración es evidente en todo esto) proponga para el debate qué estatuto legal considera que deberían tener las fundaciones para que luego la Procuraduría y otras instituciones del Estado se pronuncien sobre aspectos específicos.