De diversos lados, de los gobiernos locales, sectores productivos y empresariales, actores políticos y de opinión e, incluso, del propio Gobierno salen anuncios de que vendrán tiempos conflictivos debido a los “cambios profundos” que plantea la reforma del modelo de Estado a cargo del régimen y su mayoría en la Constituyente.
La elaboración de la nueva Constitución, sumada a la aprobación de leyes de carácter económico, mantienen en vilo al sector formal.
Expectativas e incertidumbres marcan el andar del sector empresarial, del sistema financiero, de los gremios ambientalistas y de los actores políticos.
En un año electoral (el país irá a las urnas al menos en dos ocasiones: para el referéndum de la nueva Constitución y para las elecciones seccionales), el Gobierno definirá su consolidación o su debilitamiento, aunque –según comerciantes y analistas– dependerá de las medidas económicas que adopte, como la generación de empleos y el fomento de la inversión.
Por lo pronto, como parte de los escenarios del 2008 se vislumbran resistencias. Por ejemplo, los bancos privados anuncian una desaceleración del crédito, en el sector formal (principalmente entre quienes comercializan productos gravados con más impuestos en la Ley de Equidad Tributaria) hay incertidumbre por la eventual reducción de empleo y la oposición (tanto en la Asamblea, como de las Cámaras y un grupo de alcaldes) ha empezado a armar frentes comunes.
El mismo Gobierno, según Augusto Barrera, nexo entre el Ejecutivo y la Asamblea, avizora una campaña por el No para el referéndum, a través de la escalada de precios y para boicotear al régimen.
La elaboración de la nueva Constitución, la tarea legislativa que asumió la Asamblea Constituyente, la reciente aprobación de la Ley de Equidad Tributaria y el futuro debate de proyectos de carácter económico –como la Ley de Justicia Financiera o la Ley Antimonopolios– apuntan a cambios profundos que, por sobre todo, prevén fortalecer al Estado central, en algunos casos, en detrimento de los organismos seccionales y de los sectores productivos.
Nadie lo niega. Actores políticos, económicos y sociales –incluso el propio Gobierno así lo ha reconocido– anuncian que este 2008 será un año conflictivo, de confrontaciones, por el plan del Gobierno de implantar su “socialismo del siglo XXI” para lo cual cuenta con una Constituyente con plenos poderes y de absoluta mayoría oficialista.
Pero en Ecuador, un país que –como expresa el analista Simón Pachano– ha estado marcado por la inestabilidad política y que todavía no cuenta con partidos fuertes ni liderazgos sostenidos, no es fácil definir escenarios a un largo plazo “porque las cosas cambian en dos días”.
“Fíjese, en la penúltima semana del 2007 parecía que el Gobierno terminaba con un éxito total. Sin embargo, con la Ley de Equidad Tributaria cambiaron las cosas y el Gobierno, por primera vez, sintió que tenía algún problema y que no le resultaban tan fáciles las cosas”, refiere Pachano sobre las confrontaciones y reclamos entre policías y un grupo de alcaldes liderado por Jaime Nebot (de Guayaquil), en el sector de La Cadena (Manabí), el 27 de diciembre pasado.
¿Qué escenarios vivirá Ecuador en el 2008? Por lo pronto, el año ha empezado con denuncias de actos de conspiración para desestabilizar al Gobierno y al proceso constituyente, según expresaron el presidente Rafael Correa, y el titular de la Asamblea, Alberto Acosta (PAIS).
Se referían a las acciones de las Cámaras de la Producción que sostienen que en el país se vive una “dictadura”, a llamados a no pagar nuevos tributos y a reuniones de legisladores en receso y que, desde esta semana, están “en sesión permanente”.
Un punto de confrontación seguirá siendo, precisamente, la tarea legislativa de la Asamblea. “Es que la revolución ciudadana que pregona el Gobierno no viene a través de la Constitución, sino de un conjunto de leyes y en esa medida la Asamblea va a seguir legislando; eso va a provocar mayor tensión y contaminará además la elaboración de una nueva Constitución, que es un proceso distinto”, dice el analista Felipe Burbano de Lara.
Según la encuentadora Cedatos, en apenas un mes de gestión (de noviembre a diciembre), el nivel de aprobación que tiene la Asamblea bajó casi veinte puntos: del 62% al 43%. La credibilidad de los asambleístas descendió del 57% al 39%; el puntaje más bajo se registró en Guayaquil (35%) y el más alto en Cuenca y Manta (44%).
Precisamente el Alcalde de Guayaquil arrastra varios enfrentamientos con el Mandatario, acusa al Gobierno de propiciar un “complot” en contra de la ciudad y advierte que podría llamar a protestas. Rafael Correa también previno: “Habrá confrontación, habrá resistencia”.
Aunque en algunos sectores se ve a un Gobierno y a un Presidente fuertes y con todo el poder para seguir llevando adelante sus cambios, otros, como el analista Orlando Alcívar, opinan, en cambio, que “el Presidente tiene un deterioro muy fuerte porque ya lleva un año de Gobierno, no se ven logros económicos y la gente se está cansando de las confrontaciones”.
De hecho, según Cedatos, la aprobación de Correa descendió al 64% al término del 2007, cuando al inicio de su mandato era del 73%. Su credibilidad se ubica hoy en el 55%, cuando hace doce meses era del 68%.
Es también un año de cálculos electorales, pues solo en el 2008 el país se acercará a las urnas al menos en dos ocasiones: en el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución y en las elecciones seccionales.
El Ejecutivo ha hablado de la posibilidad de ir a elecciones adelantadas en todas las dignidades, incluida la del Mandatario. “Pero esto dependerá de los cálculos del Gobierno, si no están lo suficientemente fuertes como para ganar, no llaman a elecciones (generales)”, opina Pachano.
Pero los cálculos no solo vendrán del Gobierno. Apenas aprobada la ley de Equidad Tributaria, Augusto Barrera, coordinador programático entre la Asamblea y el Gobierno, dijo que lo que se temía era una campaña anticipada por el No, a través de una escalada de precios como parte de una estrategia de “boicot” al Gobierno por parte de sectores productivos y empresariales, que se suman así “al eje de oposición Nebot-(Álvaro) Noboa, que quedó claro en la última semana del año durante los acontecimientos en Manabí”.
De hecho, la oposición apunta a rechazar las acciones de la Asamblea, pero sin tener consolidación ni mayoría. “Ya tiene algo más de un mes (la Asamblea) y no ha aprobado un artículo de la nueva Constitución, se ha dedicado a aprobar leyes para lo que no fuimos elegidos y se lo seguirá haciendo porque estoy convencido de que la nueva Constitución ya la tienen hecha y por eso no le dan importancia”, refiere el asambleísta Leonardo Viteri (PSC).
Que el Gobierno y el Primer Mandatario mantengan su fortaleza dependerá, según Pachano y Alcívar, de que la parte económica marche bien. De ello también dependerá el resultado aprobatorio al referéndum sobre la nueva Constitución, así como las ambiciones políticas del movimiento oficialista Acuerdo PAIS, “que intentará copar todos los puestos en caso de ir a elecciones”.
Pero si parte de la fortaleza del régimen se asienta en resultados económicos, Burbano ve el escenario de un “Gobierno cerrado” que no incorpora al sector empresarial al diálogo. “Creo que es muy peligroso asfixiar política y económicamente a los empresarios y convertirlos en enemigos”, comenta.
La fortaleza del Gobierno también dependerá de que los actores que se ubiquen en la oposición desarrollen alguna capacidad para contrarrestarla, dice Burbano.
En el caso de Nebot, para muchos la figura más clara de oposición al Gobierno y para Correa solo un líder cantonal, todo hace prever que se van a ir acumulando temas que ahondarán los enfrentamientos con el Gobierno, como el de las autonomías.
Otros tópicos conflictivos en el escenario político serán las propuestas de modelo económico, donde serán clave temas como recursos naturales, telecomunicaciones, energía, y dentro de ellos el rol regulador que se le asigne al Estado.
Por lo pronto, la Asamblea debatirá la próxima semana el proyecto de la nueva Ley de Tránsito, que plantea una reversión de las frecuencias de las cooperativas al Estado y quitaría el manejo del tránsito en el sector urbano a los municipios.
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