Nueva Constitución y proyectos de autonomía originan la crisis política que ahoga a Bolivia.
Sin bajar el tono de sus mutuas acusaciones, el presidente Evo Morales y los prefectos de Bolivia, la mayoría opositores, inician hoy un diálogo.
Ambas partes buscan terminar la polarización provocada por procesos simultáneos de cambio de constitución y de instalación de autonomías.
La cita se realiza a solo 15 días de que el líder indígena complete sus dos primeros años de mandato, en los que ha tenido un férreo rechazo a sus planes de “refundación” del país y nacionalización de la economía.
El sábado, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, encabezó una masiva concentración autonomista en la que advirtió que esa región no cederá “ni un milímetro” en su rechazo al cambio constitucional y su demanda de autonomía.
La nueva Constitución define a Bolivia como estado “plurinacional”, nacionaliza la economía, prohíbe el latifundio y establece un régimen de autonomías múltiples paralelas en departamentos, provincias, regiones especiales y comunidades indígenas, lo que según analistas impide su realización.
Los líderes opositores de Santa Cruz, Tarija –donde están las reservas de gas del país–, Beni, Pando y Cochabamba califican como “ilegal” la nueva Carta Magna, aprobada en diciembre por la mayoría oficialista de la Asamblea Constituyente.
A la vez plantean autonomías departamentales con estatutos distritales que el Gobierno tilda de “separatistas”.
Morales, aliado de los gobernantes socialistas Hugo Chávez de Venezuela y Fidel Castro de Cuba, denunció el fin de semana que detrás de la oposición interna están “partidos conservadores de España, Estados Unidos y de algunos países europeos que conspiran (...) contra la nueva Constitución para frenar el proceso de cambio”.
Agregó que esta supuesta conspiración “no solamente intenta afectar al país sino a toda la región sudamericana”.
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