La discusión sobre el contenido del segundo mandato constituyente empezará esta semana. Los trece asambleístas de la Comisión Legislativa se reunirán para analizar las cuatro propuestas planteadas ante la Asamblea para regular los salarios de dignatarios, funcionarios y trabajadores públicos.
La idea es que ninguna persona que labore en instituciones del Estado –incluidos organismos declarados como autónomos o entes privados que manejan recursos públicos– perciba un sueldo mayor al que gana el presidente Rafael Correa ($ 4.250 mensuales).
Se incluye a empleados de la función Legislativa, Judicial, Tribunal Constitucional, Procuraduría y Contraloría, fundaciones municipales, Banco Central, y superintendencias.
Sin embargo, ya se configuran cambios y excepciones a la propuesta inicial del asambleísta Nelson López (PAIS), de Carchi. Algunos se decidieron tras la conversación que tuvo el viernes Richard Espinoza, secretario técnico del Senres, con César Rodríguez (PAIS), presidente de la mesa 10.
Se planteó, por ejemplo, que funcionarios que laboran en sociedades que generen ingresos propios por la asignación de algún servicio o la creación de bienes, podrán obtener un salario mayor al del Presidente.
Al sueldo de esas personas se sumará una remuneración que se calculará en función de las metas anuales alcanzadas. Rodríguez informó que se establecerá un tope a ese monto variable que “deberá discutirse”.
Entre las excepciones estarán los funcionarios y trabajadores de empresas eléctricas, telefónicas y petroleras del Estado.
Las empresas y sociedades en las que se aplicará la excepción señalada deberán tener el 50% o más de capitales públicos.
La segunda propuesta del mandato constituyente 2 fue planteada por Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos y busca que se repartan de forma más equitativa los $ 3.400 millones que el Estado destina cada año para pagar los sueldos y salarios de los trabajadores públicos.
El asambleísta Félix Alcívar (PAIS) recalca que el análisis se centrará en hacer cumplir la disposición constitucional de que ningún trabajador del sector público puede ganar más que el Presidente.
“Esto se incumple, ya que existen unos pocos funcionarios públicos privilegiados. Queremos que el mandato 2 haga cumplir la actual Constitución y que la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa (aprobada en el 2003) sea aplicable para todos”, dice Alcívar, quien es parte de la mesa 10.
Espinoza aspira a que la Asamblea apruebe el mandato hasta fines de este mes, plazo que fue corroborado por Rodríguez. “En el debate estableceremos si tendrá carácter retroactivo”, expresa Alcívar.
La tercera propuesta fue planteada por el asambleísta Héctor Terán (PAIS) y apunta a reemplazar la Secretaría Nacional de Remuneraciones del Sector Público por un Consejo Nacional de Remuneración Salarial, según Ximena Bohórquez, asambleísta del movimiento Honradez Nacional.
Indemnizaciones
El mandato constituyente 2 establecerá que los funciona-rios y trabajadores del sector público (incluidas Policía y FF.AA.) pondrán recibir una indemnización de $ 1.000 por año y un tope de $ 30 mil.
Trabajadores
El Estado cuenta con unos 465 mil servidores públicos, 65 mil están sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
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