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La contratación pública |
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En este Gobierno hemos asistido al entierro de la contratación pública.
El Ejecutivo descubrió un resquicio en la legislación que permite a una entidad pública hacer frente a una situación excepcional, única y transitoria –como lo es toda emergencia– contratando sin el procedimiento previo de licitación o concurso, según el caso. Lo cierto es que desde el día uno vino una avalancha de declaratorias de “emergencias” convirtiendo la excepción en la regla. Los contratos han sido firmados sin los resguardos que implican la presencia de varios oferentes, cuyos antecedentes y ofertas puedan ser evaluados y comparados con objetividad.
El atajo de las “emergencias” no es sino un claro caso del abuso de una facultad discrecional. El propósito de la ley viene traicionado gracias a una burda manipulación de su texto que da la apariencia de que se la cumple. Es más, no satisfecho ya con evitarse las licitaciones gracias a la fórmula de declarar emergencias a diestra y siniestra, el Gobierno ha planteado que tampoco los organismos de control deberían emitir informes previos a la firma de estos contratos debiendo limitarse a realizar exámenes posteriores.
Pero el asunto no acaba allí. A una de las ramas de las Fuerzas Armadas se le entregó a dedo la ejecución de sendas obras públicas (puentes, carreteras, etcétera). No hubo una comparación de precios, de calidad, de plazos. Nada. A otra rama se le entregó la construcción de una de las obras más necesarias del país, la de una planta para depositar gas en tierra. Dicha institución en su vida ha hecho una obra similar. No hubo licitación, ni comparación de precios o tecnología. Nada.
En días pasados el país se despertó con la noticia de que la administración de nuestra principal empresa estatal, Petroecuador, había sido virtualmente entregada a una veintena de militares en servicio activo, en clara violación de la ley. Es decir, en este preciso momento hay militares en dicha empresa que están firmando contratos, disponiendo de recursos públicos, emitiendo órdenes, etcétera, sin que estén legalmente facultados para hacerlo.
Se ha anunciado que no habrá licitación para la exploración del gas del Golfo como tampoco la habrá para la construcción de la nueva refinería. Hace poco se dijo con todo desparpajo que la explotación de los pozos petroleros sería entregada, otra vez a dedo, a empresas estatales extranjeras, supuestamente porque si son estatales son “buenas”. La Ley de Hidrocarburos es clara: cuando en la exploración y explotación de estos minerales intervienen empresas que no sea Petroecuador debe convocarse a licitación, sin distinguir si son privadas o estatales.
Las licitaciones probablemente demoren las cosas –algo que no es siempre cierto– pero garantizan un uso más apropiado de los recursos públicos. En una nación con entidades de control sólidas, independientes, profesionales y no politizadas esta masacre a la ley y el derecho no habría ocurrido.
Curiosamente, para lo que sí tienen tiempo es para crear obstáculos a la labor de las municipalidades y de las entidades privadas por ellas creadas. |
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| Gustavo González Cabal |
Nuestra invitado | |
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