Tras dos años de negociaciones, los 22 países de la Comunidad Iberoamericana acordaron en la última Cumbre de presidentes, en noviembre en Chile, un Convenio Multilateral de Seguridad Social que regula el derecho a una pensión para las personas que emigran. Adolfo Jiménez, secretario de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), muestra su preocupación porque Ecuador aprobó el texto al rubricar la Declaración de Santiago, pero no firmó el acuerdo, lo que retrasaría los trámites antes de aplicarla el 2009.
¿Con el acuerdo la cita Iberoamericana deja la retórica?
Este convenio afecta los derechos sociales de la población migrante para que no se pierda ningún periodo cotizado cuando se trabaja fuera del país de origen o en el propio país. Beneficia a 5 millones y medio de personas. Hoy, por ejemplo, si un trabajador ecuatoriano en España no cotiza el periodo que exige la Ley (mínimo 15 años) pierde la pensión. Con el convenio se suman los periodos aportados en los países donde ha laborado, sin perjuicio de que cada uno reconozca y pague la pensión que le corresponda.
¿En qué se aplicará?
Las prestaciones de invalidez, viudedad, jubilación y accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Tras la aprobación del acuerdo se necesita que los gobiernos firmen su contenido, luego cada parlamento deberá ratificarlo para así convenir su aplicación.
¿De cuánto tiempo hablamos? Uno a dos años. Regirá cuando lo hayan ratificado como mínimo siete países. Esperamos que esto sea el 2009.
¿Existen países que ya han firmado el acuerdo?
Sí. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.
¿Y Ecuador?
Aprobó el texto del acuerdo porque rubricó la Declaración de Santiago, pero no firmó el convenio y este es un requisito indispensable.
¿Sorprende esto en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social?
Sorprende porque (semanas atrás), incluso, recibí una carta del subsecretario de Trabajo, Leonardo Chiriboga, en la que ratifica ese interés.