El documento expuesto ayer en la capital señala que los municipios sí participarán en el directorio de la nueva entidad que controlará el transporte a nivel nacional.
La Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) mantendrá su cuerpo de vigilancia, su presupuesto y la emisión de licencias, según el proyecto de Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cuya versión casi definitiva fue expuesta ayer ante ministros de Estado, representantes de gremios de transportistas y de grupos de ciudadanos organizados.
Sin embargo, una vez aprobada la ley por la Constituyente, la CTG deberá sujetarse a las políticas que dicte la autoridad nacional de transporte y no actuará como ente autónomo.
Precisamente, el cambio fundamental que supone la ley es la creación de una agencia de control de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, que reemplazará al actual Consejo Nacional de Tránsito y tendrá un directorio y un director ejecutivo.
El Gobierno presentó oficialmente ayer el ‘casi’ definitivo proyecto de Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial con un cambio de fondo confirmado: la creación de una agencia de control de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, que tendrá un directorio y un director ejecutivo. A nivel de las provincias funcionarán comisiones de tránsito.
Esta será la nueva estructura de la autoridad nacional de control del transporte.
El documento de 250 artículos y cinco cuerpos se ajustará con las sugerencias del presidente Rafael Correa antes de ir a la Asamblea Constituyente.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Jorge Marún, aseguró que bajo este esquema la nueva entidad no tendrá un “exceso de atribuciones”, efecto que preocupa a los transportistas y a la organización Justicia Vial. La agencia de control rendirá cuentas a un directorio.
Con la ley, el control y la planificación del transporte los asume el Estado, pero el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, explicó que se intenta “inmunizar” al nuevo ente para que no sea propenso a “la politiquería y a la manipulación clientelar que ocurre debajo de la mesa, ocultando intereses particulares”.
Bustamante anunció, además, que los cerca de 35 millones de dólares que recaudaba la Policía Nacional por la emisión de matrículas y licencias se repondrán con recursos del presupuesto del Estado y justificó la salida de la institución del área administrativa.
Esto obedece a un tema de “eficiencia; consideramos que la tarea de la Policía es estar en las calles y no en las oficinas, cuidando que los conductores actúen de manera responsable y previniendo accidentes y no emitiendo documentos”, señaló el funcionario.
El portavoz de la Policía, Juan Zapata, dijo que los gendarmes cumplirán la misión que les encomienden y esperarán disposiciones para arrancar con la matriculación vehicular prevista para la próxima semana.
Respecto a la inclusión de los municipios en el directorio de la nueva agencia de control, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Tránsito, Guillermo Ramos, especificó que los organismos seccionales deberán sujetarse a la nueva política nacional de transporte.
Bajo dicha política, los municipios se encargarán de organizar el tránsito en la urbe –es decir, el sentido de calles, avenidas y vías principales–, pero no prohibir el paso; eso es competencia de la autoridad nacional, afirmó Ramos.
A la organización Justicia Vial le preocupa la concentración de poderes del nuevo ente regulador. Su representante, Guillermo Abad, advirtió que el director ejecutivo de la agencia de control podría actuar sujetándose al régimen de turno. Si es un ente técnico, no debería estar ligado a la política, dijo.
El proyecto fue presentado ante representantes del transporte interprovincial del país.
Comisión
La Comisión de Tránsito del Guayas mantiene su cuerpo de vigilancia, presupuesto y la emisión de licencias. Ahora deberá sujetarse a políticas de la autoridad nacional y no será un ente autónomo.
Capacitación
Las escuelas de capacitación para conducción deberán contar con la asesoría de algún organismo adscrito al Conesup, que avale los
planes de preparación para los conductores.
Matrícula
En todo el país regirá una sola matrícula. Además, el conductor contará con un certificado de propiedad e historial, ficha técnica y un certificado de revisión vehicular.
Víctimas
Los familiares de las víctimas de accidentes de tránsito insistirán en fuertes sanciones para los conductores que provoquen choques o incidentes. La propuesta anexará 15 mil firmas.
Sanción
El proyecto de Ley plantea una sanción máxima de 6 a 12 años de cárcel y una multa de 50 remuneraciones unificadas si se produce un accidente de tránsito en el cual muere una o más personas.
Contravenciones
En el caso de las contravenciones, se establecen sanciones en base al salario que ganan los choferes y la remuneración unificada del conductor no profesional.