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Más indemnizaciones a las familias de las víctimas

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Enero 10, 2008

Cuando Winston Estacio, padre de Diego Armando, uno de los dos ecuatorianos fallecidos en el atentado de la banda armada ETA en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, recibió la  noticia de la detención de los autores materiales de la explosión que acabó con la vida de su hijo, una sensación de “rabia y alivio”, al mismo tiempo, le recorrió el cuerpo.

“Eso no me devuelve a mi hijo, pero ojalá  paguen lo que deben”, declaró ayer a este Diario con la voz entrecortada desde Machala, vía telefónica. El inmigrante viajó desde Madrid a su tierra natal para presidir una misa, en el cementerio La Paz, por el primer aniversario de la muerte del joven de 19 años, el 30 de diciembre.

Agobiado por la presión mediática, Luis Jaime Palate, hermano de Carlos Alonso, la otra víctima de ETA, mostró satisfacción por estas capturas y abogó porque los asesinos “no salgan de la cárcel y cumplan sus condenas”.

Tras el atentado, el Estado español pagó a cada una de las familias una indemnización de 220.000 euros ($ 330.000). Cuando se produzca el juicio, la Fiscalía no solo exigirá a los etarras responder penalmente por sus crímenes, sino también asumir las responsabilidades civiles derivadas de su delito. Esto se traduce en compensaciones adicionales cuyo monto lo fija el Fiscal en España tras un informe social que proporciona la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo.

Las familias recibirán la diferencia entre el valor que determine el fallo y el que ya recibieron. Ante la insolvencia de los procesados, el Estado asume el pago del mismo. Para las víctimas mortales del ataque del 11-M, por ejemplo, se estipuló una compensación de 900.000 euros ($ 1’350.000).

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