A los consumidores podría aún preocuparles que los juguetes que compran contengan plomo, luego de que más de diez millones de productos para niños fueron retirados del mercado por ese motivo, el año pasado. Pero algunos científicos instan a los consumidores a enfocarse en otro problema: la falta de información relativa a los peligros que presentan las miles de sustancias químicas presentes en productos de uso diario.
“Existen brechas enormes en nuestra comprensión de cómo afectan la salud y el medio ambiente estas sustancias químicas”, expresó Michael P. Wilson, científico de salud pública de la Universidad de California. “En los casos en los que disponemos de información, vemos motivos de preocupación”.
Los efectos de la exposición humana a químicos en productos de consumo son difíciles de determinar y son objeto de disputa. Como resultado, existe una creciente brecha en la forma en que los gobiernos regulan dichos químicos.
La Unión Europea, Canadá y California, por ejemplo, restringen el uso de algunas sustancias químicas antes de que la ciencia determine con toda claridad si presentan riesgos; el gobierno federal estadounidense no lo hace.
Para los vendedores y los fabricantes, esta diferencia de requisitos plantea un desafío. Las compañías tienen dos opciones: fabricar productos con ingredientes potencialmente nocivos para algunos países y no otros o cumplir las normas más estrictas en todos los mercados. Optan cada vez más por acatar las reglas más restrictivas en lugar de aguardar un consenso científico al respecto.
La investigación científica revela que miles de químicos presentes en los productos cotidianos tienen efectos tóxicos, pero muchos de estos estudios se enfocan en niveles de exposición más altos. Menos se sabe sobre las dosis bajas, pero regulares, presentes en productos domésticos de uso diario, como las emisiones procedentes de pegamentos en muebles y la absorción de cosméticos a través de la piel.
Estados Unidos ha conservado sus sistemas originales de reglamentación química, que datan de hace 30 años, que dificultan que agencias públicas prohiban químicos o exijan que la industria realice pruebas. Si bien el gobierno ha colaborado con la industria en una base voluntaria con el fin de estudiar hasta dos mil químicos y retirar paulatinamente algunos de ellos, sólo ha requerido el estudio de 200 sustancias y restringido el uso de cinco de ellas desde 1976. Pero ese enfoque ahora es puesto en tela de duda por algunos expertos, quienes afirman que, aunque la evidencia no resulte determinante, los riesgos siguen presentes y podría necesitarse la adopción de medidas.
El enfoque de la Unión Europea resulta más cauteloso. Adoptó hace poco reglamentaciones que le han permitido restringir el uso de cientos de químicos y requerir que la industria someta a pruebas la mayoría de las sustancias comercializadas.
Los funcionarios de la industria en Estados Unidos insisten en que la política europea redundará en un elevado costo económico. Pero numerosos científicos, algunos de ellos afiliados al gobierno y a la industria química, alegan que Washington sigue el camino equivocado al permitir la exposición a ciertos productos restringidos en la Unión Europea, Canadá y hasta algunos estados del país.
Algunos vendedores buscan evitar ese doble estándar al adoptar las restricciones europeas para productos comercializados en Estados Unidos.
Y, en unos cuantos casos poco comunes, hay compañías, como Dell Computer, que limitan el uso de ciertos químicos antes de que siquiera lo haga Europa.
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