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| Cobros de impuestos |
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Siempre que este Gobierno dice hacer algo bueno para todos, pues se enorgullece en recordarnos a diario que “la patria ya es de todos”, resulta que va en contra de los ciudadanos.
Acabo de solicitar en una entidad bancaria local una transferencia para importar unos equipos que no se producen en el país, y al hacerla, el banco realizó la retención del 0,5% a la salida de capitales, cuando la Ley de “Equidad” Tributaria indica que los giros al exterior por importaciones están exentos de este cobro. Al reclamar al banco me contestaron: “Mientras no se expida el reglamento o instrucciones del Servicio de Rentas Internas nos vemos obligados a retener el Impuesto a la Salida de Divisas, sin excepción. Usted como cliente tiene libertad de solicitar al SRI cualquier aclaración. Comprendemos las molestias, pero entienda que no obedecen a decisiones nuestras sino al cumplimiento de disposiciones legales vigentes. Tan pronto recibamos instrucciones del SRI le estaremos comunicando cualquier noticia...”.
Los bancos tributarán estas retenciones al SRI mes a mes, entonces el Servicio de Rentas Internas en los 90 días de explotación mientras emiten el reglamento, recibirá un recurso importante, y a nosotros cuando debamos acercarnos a reclamar la devolución de este impuesto nos dirán que todo reclamo debe ingresarse por escrito y que el SRI tiene seis meses para responder; así tendremos que esperar que nos devuelvan nuestro dinero. Inaudito. Comenzamos a sufrir los sinsabores de la “equidad” mal entendida del siglo XXI.
Rodolfo Zambrano Q.,
empresario, Guayaquil
Se nos dice y sostienen que está vigente la Constitución Política del Ecuador de agosto de 1998; si es así, los asambleístas deben respetar lo que dice el artículo 257 de la Carta Magna: “Solo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes”.
Sin embargo, hoy vemos cómo se nos trata de imponer la ley llamada de Equidad Tributaria, sin reunir los requisitos constitucionales. Los ecuatorianos no podemos permitir que se nos impongan cuasileyes o se nos amenace; tenemos obligaciones para exigir a quienes traten de violentar la Constitución, a respetarla y actuar dentro del marco legal.
Jorge Freire Égüez,
doctor, Guayaquil
Esta ley tributaria, la gran mayoría de ecuatorianos no la hemos visto, leído, discutido ni puesto de acuerdo en rechazarla o aprobarla, pues se trata de algo que no solo les atañe a los “pelucones” que evadan o no impuestos y que buscarán “padrinos” que los hay en todos los gobiernos, sino que también nos preocupa a los que nos esforzamos trabajando para llevar el pan a nuestra mesa.
Al fin solo los que trabajamos dependiente o independientemente pagamos, pues nos obligan o descuentan según la actividad que tengamos, ya que los otros buscarán que los apadrinen.
Solo nosotros engordaremos el “chanchito” para que otro se lo coman.
Luis Regalado Camposano,
Guayaquil
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| Ramiro Romero P. |
El 9 de enero, bajo el título ‘CSJ elige a magistrado en medio de denuncias’, se menciona al “magistrado Ramiro Romero Parducci, quien renunció tras ser sancionado –en octubre pasado– por faltas graves en el desempeño de su cargo...”. Tal afirmación es falsa. No fui ni denunciado ni acusado en el juicio que se siguió contra el Banco del Austro por daño moral.
El juicio recayó por sorteo al magistrado José Ramón Jiménez Carbo, quien lo mantuvo en su poder por más de 150 días sin dictar sentencia.
Los denunciados en este caso fueron los magistrados doctor Ramón Jiménez Carbo, doctor Carlos Ramírez Romero y el secretario relator de la segunda sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, doctor Carlos Rodríguez García, por prevaricato y falsedad de instrumento público; es decir, se pretendió que el suscrito firme una sentencia con fecha anterior, sin haber yo conocido ni elaborado proyecto de sentencia alguno (borrador), sentencia que fue notificada por orden del magistrado Ramón Jiménez Carbo, sin contar con mi firma, es decir, en vez de suscribir y notificar la sentencia con las tres firmas de los magistrados que formamos la sala, se notificó la misma solamente con dos firmas de los magistrados.
Esto produjo que la Comisión Investigadora, nombrada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su parte resolutiva sugiera la destitución del magistrado José Ramón Jiménez Carbo, por seis causales graves. Igualmente resuelve también que se destituya al secretario relator Carlos Rodríguez García. Pero el pleno de la CSJ, sin el debido proceso y sin poder ejecutar mi legítimo derecho de defensa, en mi ausencia mociona una sanción para el suscrito por supuestos hechos y circunstancias falsas, y en diez minutos se vota y se me sanciona con 30 días de suspensión sin sueldo. Es decir, el que denuncia, informa, detalla y puntualiza las ilegalidades, irregularidades, atrocidades jurídicas elementalmente rechazables, es sancionado casi igual que los denunciados por haber cometido estos actos de corrupción.
Así, hoy yo separado de la Corte Suprema de Justicia por renuncia voluntaria ante estos hechos y circunstancias, mientras otros muy orondos siguen como si nada, muy cara e’ tucos, no obstante las denuncias, acusaciones, resoluciones de comisiones, denuncias penales, etcétera, sin la más mínima vergüenza en esta Corte Suprema de Justicia que aguanta y soporta toda esta corruptela que apestó y seguirá apestando hasta que se termine transparentemente toda esta clase de inmundicias.
Todos estos datos falsos son motivados por malévolas influencias “conocidas en el medio” y que están directamente interesados en causar daño al suscrito, cambiando los hechos y las realidades para tratar, con engaño, de crear una falsa imagen de lo sucedido, así como de tratar vanamente de cambiar la imagen que tiene de mí la sociedad.
Ramiro Romero Parducci,
doctor en jurisprudencia, Guayaquil
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| Da pena la situación del Registro Civil del sur |
Estuve en el Registro Civil del sur de Guayaquil realizando un trámite personal. Me fue inevitable pensar en lo que está ocurriendo con nuestro país en estos momentos. El desorden, caos, están presentes desde que se parquea el vehículo.
Ya dentro de los predios de la entidad es aún peor: una construcción en total abandono cayéndose a pedazos, sucia y maloliente. Llegué a la ventanilla a las 12:30, pero la persona que debía atenderme “está comiendo”, fue la contestación fuerte de una señora –sentada plácidamente ante un escritorio contiguo– cuando pregunté por la persona. Pensé que me habían dicho que la atención era de 08:00 a 16:00. Revestido de paciencia, esperé y observé. La oficina en la que atienden a los usuarios está con cosas destruidas. La empleada que me informó que su compañera estaba comiendo escribía mensajes por un teléfono celular. Entró un hombre y se sentó a conversar con ella, luego llegó otra mujer y también se les unió. Pensé que iban a ver algo o que estaban de visita, ¡pero no, son empleados! Pasaron treinta minutos y me atreví a preguntarle a la señora que seguía charlando con los otros dos, si la persona que me debía atender se demoraría, y me contestó “a lo mejor ya no regresa. Ella se va temprano a su tierra”.
Por suerte, quien me debía atender volvió; recibió la simple copia que yo tenía que darle y me dijo que regresara mañana. Durante todo el camino de regreso, yo iba pensando qué es lo que pasa con nosotros. Lo único que me recordó mi frustrante ida al Registro Civil fue al Guayaquil de hace veinte años con desorden, suciedad, corrupción, grosería y abandono. No podemos regresar a esto, reaccionemos por nuestros derechos. Apoyemos la eficiencia y el modernismo, no el atraso ni la grosería.
Max González Silva,
economista, Guayaquil
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