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Cantos enfrenta enfermedad en otro país |
Enero 27, 2008
Ya no aguanta más, dice Carminia Molina al hablar del estado de salud de su hija. Alejandra Cantos –quien más tiempo ha estado al frente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), entre abril del 2005 y marzo del 2007– está por cumplir un año desde que el Gobierno de Venezuela le concedió asilo político, el 28 de febrero pasado, cuando aún no había dejado oficialmente su cargo.
“Su estado de salud es delicado, su estado físico no da más. El cáncer está en los huesos, el útero, el seno y ni siquiera tiene cerca a su familia”, explica Molina entre impotente y angustiada.
Ella, una profesora jubilada de 68 años de edad, reside sola en Portoviejo (Manabí), adonde llegará Cantos si la Asamblea resuelve otorgarle la amnistía junto a sus dos colaboradores de la AGD: Pedro Votruba Schweida, también con asilo político en Venezuela, y Reinaldo Valarezo García, con un cáncer gástrico.
“No puedo viajar mucho por mi presión y sus dos hermanos tienen su vida en Quito. Ella no tiene hijos. Solo he podido visitarla dos veces en estos once meses. La última vez que la vi fue el 18 de octubre y la primera vez que viajé fue el 5 de junio, en su cumpleaños 47”, relata.
Ironías de la vida. Desde que Cantos llegó a Venezuela se hospedó en El Hotel, ubicado en una zona bancaria de Caracas. Recién hace un mes se cambió a un departamento, donde –por turnos– enfermeras la cuidan. A través del Gobierno de Venezuela recibe sesiones de quimioterapia en un hospital militar.
La Cancillería de Ecuador le concedió un salvoconducto para que pueda trasladarse a ese país, donde presentó el pedido de asilo el 14 de febrero pasado. Cantos llegó a la AGD en el régimen de Palacio, pero por designación de Rafael Correa, ex Ministro de Economía, que la mantuvo en el cargo durante su presidencia.
Cantos no puede trabajar por su estado de salud, pero recibe ayuda del gobierno de Hugo Chávez. Su madre no quiere hablar de culpables, aunque los tiene identificados. Da sus razones. “Por decir banqueros corruptos, sin dar nombres, los Isaías le siguieron un juicio a mi hija”.
Desde que viajó a Venezuela, el 6 de marzo pasado, Cantos no ha hablado con la prensa por su condición de asilada política.
En total tiene doce juicios, pero el peor –según la familia– es el que la obligó a dejar el país: el caso Parkenor-Sylvadin, por el que fue sentenciada –junto a Votruba y Valarezo– a ocho años de prisión, en agosto, por supuesto peculado al haber traspasado la deuda contraída por la empresa Parkenor con el extinto Banco de Préstamos (que era propiedad de Alejandro Peñafiel) a la compañía Sylvadin.
Reinaldo Valarezo permanece en el país por pedido de su familia, aunque en la clandestinidad. Karina Valarezo, su hija, espera la amnistía para su padre para que él pueda tratar su enfermedad con tranquilidad.
“Como tiene orden de prisión debe andar con cuidado. No quisimos que se vaya por su enfermedad. Casi a la par de este problema se enteró de que tiene cáncer”.
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