Soy padre de familia y como tal disfruto de pasear con mi familia en mi automóvil. Hace unos días, de noche, mientras rodaba en mi vehículo fui sorprendido por un conductor que llevaba prendidos los faros de su carro con una iluminación intensa. Esa luz blanca enceguecedora, casi produjo que yo choque con un automotor que iba delante de mí.

Esas luces afectan más que cuando alguien –con mala intención– nos coloca las intensas en las espaldas de nuestros vehículos; son usadas actualmente como “moda” (tunning) o como artículo de lujo en algunos vehículos que circulan en nuestra ciudad. No es posible que un foco que pone en riesgo a un conductor, a su familia, o a cualquier persona, no sea debidamente confiscado y prohibido.

Hoy es muy difícil conducir y hasta sobrevivir en el tráfico de nuestra ciudad, donde de manera contraria a lo esperado, entre más pululan escuelas de conducción, más común es observar en quienes manejan vehículos un completo desconocimiento de las leyes de tránsito y de un buen manejo.

Hago un llamado a los ejecutivos de la CTG (Comisión de Tránsito del Guayas) y a los vigilantes, a fin de que consideren que ese tipo de focos solo representan un peligro más para quienes por desgracia nos topamos con automotores que los llevan encendidos. La potencia de esas luces se refleja en los retrovisores y todos los demás espejos del vehículo que es encandelillado por las mismas, y uno  queda inhabilitado en la visión. Solicito que se prohíba la utilización de este tipo de iluminación en cualquier vehículo público o personal. No esperemos, como es costumbre, a que los “accidentes” obliguen a tomar decisiones por el bien de la ciudadanía. En otros países estos faros vehiculares son totalmente prohibidos y confiscados, pero aquí, ¿quién detiene este abuso?

Carlos Solís Sánchez,
Guayaquil

El presidente Correa ofreció en su campaña para la Presidencia bajar el impuesto del IVA (Impuesto al Valor Agregado) del 12% al 10%, pero una vez elegido, al tramitar la Ley de Equidad Tributaria, dijo que si bajaba el IVA los precios no bajarían para el consumidor, y solo se beneficiarían los productores o vendedores.

A semanas seguidas nos dijo que bajará el ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) del 15% y ahora los precios sí bajarían. ¿Por qué?, ¿es este un nuevo concepto en economía? Si los dos impuestos se calculan sobre precios por facturar netos, podría ejercer un buen control a los vendedores y productores por medio del SRI (Servicio de Rentas Internas) e intendencias de Policía. La diferencia está en que si baja el IVA al 10%, el Estado deja de recaudar $ 800 millones al año; y si elimina el 15% del ICE, deja de recaudar $ 250 millones. En este caso, el Estado se quedaría con $ 550 millones de los ciudadanos por año.

Con esta reforma tributaria se incrementa el impuesto a la herencia hasta el 35%, con el justificativo de que solo afectará a veinte personas por año que heredan arriba de la base exonerada. ¿Será una ley con dedicatoria? ¿Cuánto espera recaudar el Estado con esta reforma?, no lo sabemos, pero debe ser nada comparado con lo que ahorraría si combatiera el contrabando y fuga de combustible subsidiado por nuestras fronteras. El presupuesto de este año considera como $ 3.000 millones para subsidiar combustibles. Si la tercera parte de eso se va por las fronteras, estamos hablando de $ 1.000 millones con que el Estado contaría para programas sociales, y hasta para pago de deuda externa.

Esta reforma tributaria debería considerar los beneficios económicos que tanto ofreció Correa para el regreso de los emigrantes. También nos impone el 0,5% para envío de capitales al exterior, la ley dice que las importaciones están exoneradas del pago de este impuesto, pero los bancos están cobrando.

David Sotomayor,
ingeniero, Guayaquil

Queremos en igualdad todos los ecuatorianos tener un ingreso remunerado, un empleo digno, aunque no se ve ninguna generación de nuevas plazas de trabajo para solucionar el desempleo. Pero con la creación de nuevas leyes de equidad tributaria  no sé en qué terminaremos, porque lo que se quiere imponer es una ley que haga pobres a los ricos gravándolos con más impuestos, y al final los que pagaremos seremos las clases media, baja y de extrema pobreza, ya que en ningún momento se nos beneficia  ni esos nuevos impuestos se invertirán en salud, educación, etcétera.

Muy pronto cuando termine la Asamblea esos tributos se destinarán, como siempre, para crear nuevas burocracias, nuevos ministerios, nuevas instituciones que aumentarán el gasto público. Entonces para aliviar nuestra tristeza por nuestro pobre bolsillo, haciéndonos olvidar la grave situación económica que vivimos propondrán la creación del “Ministerio de la Alegría”, el “Ministerio del Circo”..., algún término acorde a la nueva revolución ciudadana de la cual tenemos derecho a opinar los ecuatorianos, no solamente los asambleístas.

Renato Rodríguez Véliz,
Guayaquil

El 80% de los ecuatorianos votaron por el cambio que el Presidente y los miembros de la Asamblea ofrecieron, y que vemos en las acciones se está cumpliendo; cambio que se observa va dirigido a sacar al país del estado de inequidad en el que lo ha sumido la partidocracia corrupta que nos ha gobernado, y como hoy  ha perdido sus privilegios chilla en coro con la oligarquía.

Un ejemplo del acierto en la política de cambio, entre los muchos de la Asamblea y del Presidente, es la ley de ajuste tributario. Por esta ley no reclaman los millones de ecuatorianos que no pagarán impuesto a la renta porque sus salarios son miserables o no tienen trabajo, ni pagarán impuesto por herencias porque la mayoría no tiene qué recibir. Chillan los hijos de los que han acumulado grandes fortunas, además de los políticos corruptos que han robado al pueblo.

Luis Guillermo Sotomayor Valarezo,
Piñas

En 1958 se fundó Autoridad Portuaria de Guayaquil, cumpliéndose una vieja aspiración del comercio nacional e internacional, y asumiendo además el control de todo tipo de mercadería que subía o bajaba de la nave, trabajo denominado “tarja”, que se realizaba en conjunto con agencias navieras.

Esa forma de trabajo mantuvo la APG hasta 1995, cuando privatizó todos los servicios operacionales del puerto de Guayaquil, amparándose en la Ley de Modernización, pero no perdió el control del movimiento de la carga en los vapores; pues esta función la delegó a las empresas tarjadoras que le informaban el movimiento de la carga de importación y exportación.

Pero, ¡sorpresa!, en julio del 2007 nos agradecieron por nuestros servicios prestados, sin considerar gastos que realizamos, al exigirnos tecnología moderna (información electrónica en línea, software nuevo, equipo para capturar información o hand help de punta, servidores nuevos), es decir, nos preparamos para enfrentar retos proporcionando una tarja electrónica.

De nada valió ese esfuerzo porque en el contrato de concesión se incluyó la tarja. Del anterior modo de control jamás debieron desprenderse, pues era la única manera de obtener información transparente, sin recurrir al trabajo parcializado de operadoras. Portuaria factura $ 10,50 por cada contenedor, y $ 0,50 por cada tonelada métrica de carga general que suba o baje de los vapores. Si fuera una cantidad fija mensual o anual que Portuaria tuviera que cobrar, no tendría sentido escribir estas líneas, pero se trata de un canon establecido en el contrato por el movimiento de cada contenedor y de cada tonelada métrica de carga general.

En la empresa de tarja constituida por ex trabajadores portuarios de Guayaquil, reinsertamos nuestra experiencia dentro de la misma institución que nos cobijó, y estamos dispuestos a continuar con nuestro trabajo de control como lo hemos hecho siempre durante los 365 días del año desde el andén del muelle, es decir, al pie del buque; y no desde bodegas o patios de almacenaje, y peor desde escritorios en oficinas con aire acondicionado. Hemos solicitado a las autoridades del puerto que restituyan un control independiente al de la concesionaria, sin obtenerse respuesta, por eso pedimos al ministro de Transporte, Jorge Marún, que reinstale un control propio de la APG para exactitud en los cobros efectuados por el movimiento de contenedores y de mercadería general, en los muelles de la entidad.

Wilson Terán P.,
ex trabajador portuario, Guayaquil

Son imponentes los desafíos que confronta la Asamblea Constituyente. No hemos superado las etapas de un subdesarrollo generalizado. Tenemos un país con un pequeño segmento con acceso al bienestar social, pero hay grandes sectores olvidados sin los servicios fundamentales que representan mejor calidad de vida.

Esta falta de equidad es preocupante y nos invita a una profunda reflexión para sacar al Ecuador de la zaga de los países más atrasados del mundo. Todavía pasamos por tiempos difíciles y dolorosos. Los retos que avizoramos son enormes, pero necesitamos abordarlos con vigor, imaginación, decisión y talento. Y para ello es imprescindible la renovación moral del sistema imperante. Una sociedad que tolera, que permite la generalización de conductas inmorales y corruptas, es una sociedad decadente que se debilita día a día si todos los asambleístas no asumen el compromiso de la transformación de las instituciones políticas. Erradicar la corrupción es una demanda popular y tenemos que dar ideas que sean estudiadas para delinear un programa de prevención, como política de Estado, para desterrarla y que se produzca la renovación moral dentro de las tres funciones del Estado. Comenzamos por exigir una conducta intachable de los altos funcionarios, especialmente aquellos que son titulares de los organismos de control.

Efrén Roca Álvarez,
Guayaquil

He leído con satisfacción la noticia de que el Ministerio Fiscal está entregando guías de cómo el ciudadano debe denunciar los casos que han afectado sus derechos, y por los que demandarían justicia.

Sería saludable y urgente que dentro de las nuevas reformas de ley en materia penal, y además como norma de garantía constitucional,  se implemente en la nueva Constitución que así como a los victimarios se les asigna un defensor de oficio porque no tienen dinero para pagar un abogado que los defienda, también se asignen defensores públicos gratuitos a las víctimas perjudicadas, puesto que también las hay de precarios recursos económicos y no pueden contratar para su defensa a un jurista y reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios, para el caso de acusaciones particulares; ya que el fiscal solo representa al Estado y este no reclama daños y perjuicios en favor de la víctima. Por culpa de este vacío legal muchos delitos quedan en la impunidad.

Luis Jaramillo Andrade,
abogado, Nueva York, EE.UU.

Ondina Moreira S.,
licenciada, Guayaquil

En noviembre del año pasado decidí participar en un concurso de méritos y oposición de una institución del Estado.

La publicación fue puesta en un diario de menor circulación de la ciudad. Me enteré por otras fuentes y a la carrera tuve que reunir la documentación. El problema comenzó cuando mi carpeta no fue revisada por la “comisión”, pues me dejaron afuera.

Por mi insistencia, estuve entre los preseleccionados. Al final ganó el concurso una persona que trabajaba o trabajó en esa institución, presuntamente por contrato.  ¿A qué se llama a concursos?, ¿para llenar requisitos? Perdí tiempo, dinero, y fui maltratado por personas que se creen dueñas de instituciones. Lo lógico sería otorgar nombramientos directamente a personas que trabajan en sus áreas. ¡Si queremos un cambio en el país, los palanqueos tienen que terminarse, asambleístas!

Ricardo Mantilla,
biólogo, Guayaquil

Ojalá los asambleístas en lugar de tener chefs que les cocinan delicias exclusivas para guardarles sus figuras, en lugar de tener esos sueldos jugosos más viáticos y otros, en lugar de tener asesores, secretarios que ganan sumamente bien y que se las pasan durmiendo en sus carros, trabajaran sin recibir un solo centavo y toda esa plata la donaran a los pobres del Ecuador.

Ahí veríamos quiénes son los patriotas.

Jacinta Arboleda,
Milagro

Wellington García Franco,
Guayaquil