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| Inés Manzano* | |
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Las exportaciones a nivel mundial de la aleta de tiburón han subido un 60% en volumen y 180% en valor en los diez últimos años. Las importaciones de los países asiáticos, consumidores de aletas de tiburón aumentaron en 70% y un 250% respectivamente.
Hace poco más de seis meses expuse que el decreto que permite la comercialización de aletas de tiburón y su carne no sería provechoso para el pescador, ni para el medio ambiente –ni para el Derecho–, sin que de por medio se cumplan requisitos mínimos establecidos en la Constitución y la Ley de Gestión Ambiental: estudios de línea base, técnico-sectoriales, económicos, relaciones comunitarias, capacidad institucional y otros.
Se han desembarcado unos 62.949 escualos en cinco meses, según estadísticas de la Dirección General de Pesca y Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Llegando a la costa un promedio de 419 escualos diarios, el 90% se desembarcó en la playa de Tarqui en Manta. A ambos lugares se asignaron dos inspectores de pesca que deben pesar el cuerpo entero del animal, anotar la especie, revisar las artes de pesca permitidas, extender el Certificado de Monitoreo de Pesca y entregar la Guía de Movilización al transportista, lo cual es físicamente imposible realizarlo a diario.
El resultado de la aplicación del decreto evidenció la falta de control, de recolección de datos, de recurso humano y tiempo para preparar a estos, y lo que es peor, no mejoró la calidad de vida del pescador artesanal sino del comercializador.
Lo evidente develó lo que más temíamos: una pesca dirigida al tiburón y la captura con fines comerciales de otras especies elasmobranquios como rayas, quimeras, guitarras, torpedos, mantas y catanudas.
El actual subsecretario de Recursos Pesqueros, un técnico con iniciativas, Guillermo Morán, reconoce que podrán aumentar, en unas semanas o meses, los inspectores que controlan (de 17 a 30), seguir el Plan Nacional de Tiburones (ya cuentan con presupuesto), proponer tecnología para reducir la pesca incidental, realizar una Guía de Identificación de las especies de tiburón, un centro de acopio, entre otras cosas… Mientras tanto, el desmadre sigue.
Es lo justo entonces solicitar que se suspenda el comercio de aletas hasta que estén listos y completos para controlar, se creen incentivos para una pesca sostenible, se mejore la comercialización y el beneficio para el pescador eliminando intermediarios, se realice un programa de negocios inclusivos con los pescadores, que tanto el Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero como el Parque Nacional Galápagos emitan sus informes como lo establece el decreto, y que el Gobierno nos diga –sin insultos ni bravuconadas– cuál fue el beneficio socioeconómico para el pescador y el país. ¿Cuántos certificados se otorgaron?, ¿por qué no se establecieron los controles a los 30 días como lo establece el decreto?, ¿cuántas toneladas de aletas de tiburón se exportaron?
Presidente, rectifique. Como dijo John F. Kennedy: “En el análisis final, nuestro mayor lazo es que todos habitamos este pequeño planeta, todos respiramos el mismo aire, todos pensamos en el futuro de nuestros niños y todos somos mortales”. Se requieren decisiones con sentido técnico ambiental y justas socialmente.
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| Piedad Villavicencio Bellolio |
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