Después del primer año del gobierno socialista del siglo XXI, no puedo evitar estar preocupada por el futuro de la libertad de expresión en Ecuador, especialmente porque esa idea de “democratización de los medios” podría resultar en que yo pierda mi esquina de los martes y los ecuatorianos perdamos la libertad de decidir qué leer.

Afortunadamente, vivimos todavía en una sociedad con una prensa que, a pesar de todos sus defectos, sigue siendo libre. Y esto, mi estimado lector, significa que usted –no algún burócrata con complejo de Gran Hermano– decide qué leer, qué ver y qué escuchar. Si me está leyendo, ya decidió.

La Declaración de Chapultepec de 1994 (documento emitido por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa) dice que “sabemos que la existencia de la libertad de prensa no garantiza automáticamente la práctica irrestricta de la libertad de expresión. Pero también sabemos que constituye la mejor posibilidad de alcanzarla y, con ella, disfrutar de las demás libertades públicas”.

Hay dos incidentes que me han llevado a creer que el actual Gobierno no cree en la libertad de prensa, y por ende, en la libertad de expresión:
- La reacción al cierre de RCTV: Rafael Correa no solamente apoyó la decisión del Gobierno venezolano de no renovar la licencia de RCTV, sino que dijo que lo hubiera hecho mucho antes. Esto es preocupante porque o el Presidente ignora lo que ha estado sucediendo en la Venezuela de Chávez, o lo sabe muy bien y planea repetir el ejercicio en casa. Cuidado vamos a terminar con una copia de la ‘Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión’ que tienen en ese país, en donde ahora la disidencia es penalizada.

- El condicionamiento a la firma de la Declaración de Chapultepec: nuestro Presidente condicionó la firma de este documento porque sus objeciones son irreconciliables con el espíritu de la declaración. En otras palabras, se negó a firmarla. Una de estas condiciones era la “democratización de los medios”.

El denominador común de las condiciones (como también de gran parte de las acciones del actual Gobierno) es la concentración de poder en el Gobierno. Cuando se concentra el poder porque se desconfía del individuo el resultado es una sociedad en la que usted es culpable hasta que demuestre lo contrario. La Ley de Equidad Tributaria, emitida ilegalmente por la Asamblea Constituyente, refleja este principio y atenta contra la libertad individual. ¿Vamos a permitir que se haga lo mismo con la ley que vendrá para supuestamente “democratizar” los medios?

Con respecto a la democratización de los medios, Mario Vargas Llosa, en su última visita al Ecuador el año pasado, dijo que “cada vez que los gobernantes han hablado de democratizar los medios, la libertad de expresión ha entrado en receso y ha desaparecido”. Además, ¿es posible garantizarle igual acceso a los medios a los más de 13 millones de ecuatorianos? ¿Acaso no es democrático el actual sistema en el que los programas más populares se mantienen y los que nadie quiere ver son cancelados?