Días atrás, por ejemplo, el Presidente de la República anunció que iniciaba la campaña por el “sí” en el referéndum, aun cuando la Asamblea todavía no aprueba ningún texto de nueva Constitución, como si el Primer Mandatario ya conociese qué criterios e incluso qué redacción serán los que se impongan.

Ahora, además, por insistencia del Ejecutivo, se ha fijado un plazo para entregar la nueva Carta Magna distinto al que consta en el Estatuto que aprobaron los ciudadanos. Comprenderíamos que se quiera acelerar el trabajo de la Asamblea, que está retrasada en su tarea principal por haberse dedicado a aprobar mandatos y leyes, pero  no entendemos  la lógica de establecer un nuevo plazo, a menos que se considere la necesidad del Presidente de adelantar el referéndum para evitar que su visible desgaste continúe.

Pero en este último caso querría decir que las necesidades políticas electorales del Gobierno se las está poniendo por delante del interés nacional de contar con una Ley Suprema para el largo plazo.