Funcionarios de inmigración estadounidense dijeron este jueves que habían desmantelado una red guatemalteca de contrabando de personas que transportaba a más de 100 inmigrantes ilegales por semana al área de Los Ángeles.
El servicio de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) dijo que 13 personas, incluidos dos de los supuestos cabecillas de la red, enfrentan cargos relacionados con lo que los funcionarios describieron como una de las mayores operaciones de contrabando humano descubierta en la Costa Oeste en los años recientes.
La investigación de casi tres años fue iniciada por el descubrimiento en mayo del 2005 de dos casas en el sur de Los Ángeles donde residían más de 140 inmigrantes.
De acuerdo a documentos de la corte, agentes de inmigración descubrieron una organización manejada por ciudadanos guatemaltecos que proveían alojamiento y transporte a inmigrantes que ya habían sido cruzados a través de la frontera entre México y Estados Unidos en dirección a Phoenix.
Los inmigrantes eran trasladados desde Arizona al área de Los Ángeles, donde eran mantenidos en casas antes de que los subieran a vehículos y los llevaran a otras ciudades estadounidenses.
Los inmigrantes, en su mayoría de América Central, pagaban a la organización entre 1.200 y 3.700 cada uno por el viaje.
"Basados en nuestra investigación, sospechamos que esta red transportaba más de 100 inmigrantes ilegales por semana a esta área", dijo la investigadora del ICE de Los Ángeles Jennifer Silliman.
"El contrabando humano es un negocio despiadado, impulsado por la codicia que pone en riesgo a comunidades y genera miles de millones de dólares en ganancias ilícitas", agregó Silliman.
Siete sospechosos, incluyendo un tercer supuesto cabecilla de la red, están siendo buscados. Los que se encuentran en custodia enfrentan cargos por transportar y esconder inmigrantes ilegales.
Se cree que unos 12 millones de inmigrantes ilegales, la mayoría de ellos latinos, viven y trabajan en Estados Unidos. Los intentos por reformar las leyes de inmigración del país y para proveer una vía que les ofrezca un estatus legal han permanecido estancados en el Congreso por casi dos años.
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