El vivir lejos de sus familias y la falta de planes de vivienda desmotivan a los uniformados.
La Policía Nacional cumple hoy 70 años de profesionalización en medio de las quejas y el malestar de la tropa.
Los gendarmes reclaman porque la institución no se esfuerza por mejorar su calidad de vida. Luis, agente de la Policía Judicial del Guayas (PJ-G), afirma que con lo que gana (600 dólares) no le alcanza para alquilar una casa para traer a su familia desde Quevedo y así poder dejar “la incomodidad” con la que vive en los dormitorios de su entidad.
Mientras, la Policía asumió ayer la responsabilidad del combustible y mantenimiento de los 227 vehículos que fueron entregados por la Corporación para la Seguridad Ciudadana.
Se muestran desconfiados ante la prensa. Tienen miedo de hablar, pues –aseguran– el revelar sus quejas puede costarles una sanción y hasta sus puestos. Sin embargo, aceptan conversar de su situación con la condición de que se protejan sus identidades con nombres ficticios.
Son los policías que se encargan del patrullaje y los operativos antidelincuenciales: la tropa, muchos de los cuales desconocen que hoy su institución está de fiesta.
“Esos festejos son para los jefes y oficiales. Los demás tenemos que seguir laborando”, indica Marcelo, mientas patrulla por las calles del sur de Guayaquil el miércoles pasado.
El agente tiene 35 años de edad, cuatro de los cuales ha trabajado como policía de esta ciudad, lejos de su tierra natal, Napo, donde viven su esposa y sus hijos. “Cada 21 días me dan tres días francos. Tengo que viajar más de un día para ir a mi casa y volver. Solo estoy un ratito con mi familia”, se queja Marcelo, quien desde hace dos años espera que aprueben su pase a otra provincia. “Lo ideal es que el policía se quede en su tierra natal porque es la que conoce y cuando lo mandan a otra ciudad uno no conoce las direcciones y se pierde”, señala.
Un estudio realizado en el 2004 por el Departamento de Bienestar Social de la Policía Nacional reveló que más del 50% de los miembros de la institución tienen problemas con el licor, debido al estrés y la depresión que genera el estar lejos de sus familiares y amigos.
Esta situación, a su vez, ha provocado la desintegración familiar y en muchos casos generó problemas de infidelidad y divorcios. Para revertir esta situación, a partir de ese año se ubicaron psicólogos en los distritos provinciales de la Policía, cuya misión es guiar a los agentes y motivarlos. En el 2007, la Fundebip (Fundación de Desarrollo y Bienestar de la Policía) promovió un programa para que 26 agentes contraigan matrimonio.
Pero para los uniformados estos esfuerzos caen en saco roto, porque no se cambian los problemas de fondo, dicen.
“Sabemos que para ser policía hay que estar dispuesto a ir a cualquier parte del país. Lo que reclamamos es que la institución no se esfuerce por mejorar la calidad de vida”, critica Luis, agente de la Policía Judicial del Guayas (PJ-G).
En Guayaquil, desde hace nueve años se entregan terrenos a los policías en el sector denominado Paco Urrutia (por El Fortín), sin embargo –se quejan los gendarmes–, aún no se edifican las casas. “Nos descuentan $ 10 o más mensuales para la construcción, pero hasta ahora nada”, refiere un agente. Él dice que en la misma situación está el programa de vivienda San Gregorio (por el Buijo), inaugurado hace un par de años.
Las únicas alternativas de vivienda para los uniformados son la urbanización Girasoles (junto a la PJ-G) y las Acacias (en el sur), donde el Comando de Policía compró 97 villas para alquilar a sus miembros.
Para un ex policía, quien prefiere no identificarse y que actualmente labora como psicólogo, “el maltrato” hacia los uniformados repercute en la calidad de su labor. “El policía está desmotivado porque no hay un incentivo para su trabajo y la sociedad lo critica”, dice.
Mientras, Juan, que ha dedicado cinco de sus 25 años a la Policía, sostiene que por esa falta de respaldo los agentes se ven involucrados en actos de corrupción. “No es justificación, pero si nos pagaran bien, no habría coimas ni extorsiones de nuestra parte”, señala.
Luis también critica la falta de respaldo legal de su institución para con la tropa. “Es mejor hacerse de la vista gorda cuando hay un delincuente, porque si en un enfrentamiento se le dispara, luego vienen juicios contra nosotros y tenemos que defendernos solos porque la Policía no nos da ni siquiera un abogado”, asegura.
Víctor Iza, policía retirado y representante de la Fundación Centinela (que presta asesoría legal a uniformados), expresa que desde el 2003 su organismo ha defendido a casi 30 agentes acusados de atentar contra los derechos humanos.
“Está bien que no permitan abusos de poder, pero hay que ser justos. Parece que defienden más la vida de un antisocial que del policía”, sostiene Iza refiriéndose al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, que indica que el seguro de invalidez para quienes queden incapacitados en actos y fuera de servicio solo es válido para los agentes que tengan cinco años en la institución; si a un uniformado que tiene cuatro años de servicio lo mata un ladrón, no recibe esa pensión, reclama Iza.
“Las armas y patrulleros no sirven de nada si el policía tiene miedo de actuar”, recalca.
Cifras
42.610
Uniformados. Es el número de agentes de la Policía. De ellos, 32.225 son de la tropa, 6.993 trabajan en lo administrativo, y el resto son alumnos y civiles.
6.365
Agentes. Es la cantidad de policías en Guayaquil. Solo 3.769 radican en el IV Distrito, que comprende Guayas, El Oro, Manabí, Galápagos, Santa Elena y Los Ríos.
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