8.000 barriles vertidos cambiarán el ecosistema de la zona, reconocen las autoridades.
Es un hecho. El área de 20.000 metros cuadrados de terreno afectado por el derrame de crudo registrado la semana pasada en la Amazonía nunca volverá a ser como antes. El pronóstico lo da Víctor Hugo Masson, titular de la vicepresidencia corporativa Ambiental, Responsabilidad Social, Seguridad y Salud de Petroecuador.
Los daños producidos por el derrame de 8.000 barriles de crudo son irreversibles, según una evaluación presentada el viernes por las autoridades de la estatal petrolera.
Todo es producto de la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano y el poliducto Shushufindi-Quito, tras un deslave de grandes proporciones, originado por las lluvias en la zona de Baeza, en Napo.
El proceso de remediación demuestra la magnitud de los daños. Según Fernando Zurita, presidente ejecutivo de Petroecuador, los trabajos de contingencia (para impedir que el derrame se extienda) tardarán dos semanas más; la limpieza de la zona, dos meses y reparar los daños, al menos doce meses.
El funcionario no precisa el costo que tendrán estas operaciones que buscan también paliar los daños en esteros, pantanos y vegetación que cubren un área de 30.000 m³, pero considera oportuna la respuesta de la empresa.
Los pobladores de Napo y Sucumbíos no dejan de indignarse porque consideran tardía la reacción de las autoridades petroleras, aunque dicen estar casi acostumbrados a convivir con los efectos de derrames y la actividad petrolera.
“No llegan a tiempo, no hay cambios sustanciales, el peligro es latente, los ríos y los suelos se contaminan y no hay cambios”, refiere Delfín Ordóñez, miembro del frente ambiental del Coca, una de las ciudades más pobladas de la Amazonía. Tiene más de 20.000 habitantes.
Precisamente la población de esa localidad aún padece los efectos de la falta de agua, cuya fuente principal son los afluentes del río Coca, que al igual que el río Quijos fueron contaminados por el derrame, según la evaluación del Ministerio de Minas y Petróleos. Las playas y riberas de estas vertientes también están afectadas.
“El problema no solo son los deslaves, sino que no existe un control real a la actividad petrolera, dice Ordóñez. Ese criterio es apoyado por Alexandra Almeida, de Acción Ecológica, entidad que estudia la situación ambiental en la Amazonía.
Los representantes amazónicos exigen un mayor control a las acciones de Petroecuador. las cifras los respaldan: en el 2007, según las estadísticas de la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera del Ministerio de Minas y Petróleos, se mancharon 163.327 m² y apenas el 10% le pertenece a las privadas.
Almeida asegura que los daños ambientales pudieran ser menores si –en el momento de una rotura– los equipos de control estatales priorizaran la protección del ecosistema en lugar de la reactivación del bombeo de petróleo.
Por esa situación, pobladores de la zona insisten en la posibilidad del cambio de la ruta de transporte de crudo o en la aplicación de mejores mecanismos de control o de mitigación.
Hasta el momento se ha recuperado el 30% de los barriles derramados la semana pasada. El material recolectado es trasladado a la planta de tratamiento de Lago Agrio.
Otro punto de discordia es el pago de indemnizaciones a los afectados. Quienes habitan en localidades amazónicas se quejan de la falta de atención estatal, especialmente cuando los derrames son producidos por causas naturales.
En esos casos no hay pagos, algo que confirmó en este caso el ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga.
Alexandra Almeida
ACCIÓN ECOLÓGICA
“La industria petrolera ha generado graves e irreversibles impactos ambientales”.
Carlos Villón
MINISTERIO DEL AMBIENTE
“Si las empresas provocan contaminación deberán aplicar un plan de limpieza y remediación”.
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