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En el Consejo de Derechos Humanos |
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“Todo conflicto que conduce a grupos humanos a armarse para enfrentar a otros, cualesquiera que sean las razones invocadas, debe ser superado por medios diplomáticos o por medios de presión internacional, susceptibles de aflojar las tensiones y de salvaguardar la vida e intereses legítimos de la poblaciones expuestas”. De hecho, la guerra es siempre una empresa política con fines de matar el mayor número de gente, otorgando cartas de legitimación a esa matanza a nombre de la justicia.
Ante la declaración del presidente Rafael Correa concerniente a la reciente violación armada del territorio nacional por Colombia, si bien aclaró que no se trataba de una guerra entre los dos pueblos amigos sino una guerra entre gobiernos, afortunadamente, llegó a un acuerdo amistoso con el presidente Álvaro Uribe, dado que para el ciudadano ecuatoriano y el colombiano que viven de un lado y otro de la frontera, el conflicto armado hubiera sido percibido más bien como cambio del estatuto de amigos al de estatuto de enemigos por la voluntad de sus respectivos estados y no por la de ellos.
El conocido conflicto de Colombia, uno de los más largos de la historia y origen de tantas atrocidades, posee el mayor número de desplazados internos del mundo, causado por grupos armados con cultura de secuestros, comercio de cocaína, minas antipersonales, que combaten entre ellos y contra el gobierno. Las permanentes matanzas internas obliga a numerosos colombianos a abandonar sus campos y su sistema de vida a fin de sobrevivir, volcando sus ojos hacia un país vecino, en este caso Ecuador.
El doctor Gustavo Jalkh Röben, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador, en una conferencia de prensa en Naciones Unidas de Ginebra el 4 de marzo, referida a los acontecimientos suscitados con Colombia, manifestó que posterior a su intervención en el Consejo de Derechos Humanos, numerosos representantes de países latinoamericanos le expresaron su apoyo contra esta violación del territorio. Añadió que Ecuador confía en las instituciones internacionales, evocando su reunión con Louise Arbor, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos pero aparentemente sin llegar a un acuerdo. Asimismo enfatizó la posición ecuatoriana de vocación pacifista, puntualizando que el objetivo principal del gobierno nacional ha sido siempre de otorgar ayuda humanitaria a los miles de refugiados colombianos que se encuentran en el país, invocando un plan nacional de desarrollo en este ámbito y negando firmemente la vinculación del gobierno ecuatoriano con las FARC.
Pero, por otra parte, en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, el mensaje de Santos Calderón, vicepresidente de Colombia, fue terminante al referirse al tráfico ilícito de armas y al peligro que caigan en manos de grupos terroristas, como una realidad diaria, puntualizando que con las ganancias provenientes del tráfico de drogas los terroristas constituyen una seria amenaza no solo para Colombia sino para toda Latinoamérica y la región andina. Santos Calderón aludía a las dos computadoras encontradas en posesión de Raúl Reyes, eliminado en territorio ecuatoriano, donde se menciona una negociación de las FARC para adquirir material radiactivo, materia prima para fabricar armas “sucias” de destrucción masiva. ¿Sabremos algún día la verdad? |
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