En los últimos ocho años se duplicó la tasa de abortos en los hospitales del Ministerio de Salud Pública hasta llegar a 24.228
por año; la cifra llega a 28.444 si se suman los casos de la Junta.
Las cifras lo confirman. Hace ocho años, de cada nueve embarazos uno se interrumpía en los hospitales del Ministerio de Salud Pública, pero esta tasa va en aumento y, actualmente, se frena uno de cada seis.
En Guayas se registra el índice más alto en los entes estatales, pues en esta provincia la relación es de un aborto por cada cuatro partos e incluso hay instituciones –como la maternidad Mariana de Jesús, en el suburbio de Guayaquil– que atendieron en el 2007 un aborto por cada tres embarazadas.
Las cifras reales son superiores, coinciden autoridades y especialistas, pues resulta imposible cuantificar los abortos en clínicas clandestinas. La mayoría son autoprovocados, según los especialistas; se calcula que solo el 10% se produce espontáneamente.
Uno de cada seis en todo el país y uno de cada cuatro solo en Guayas. Ese es el promedio de embarazos interrumpidos que se registra en los hospitales del Estado. A estos se suman los de la maternidad de la Junta de Beneficencia, pero la cifra real es mucho mayor, advierten los especialistas. Resulta imposible cuantificar los abortos que de manera clandestina se realizan en clínicas privadas o domicilios.
Lleva un pantalón ajustado como cualquier joven de su edad, pero a ella el primer botón ya no le cierra. Claro. Es la lógica e inevitable consecuencia en estos casos. En estos casos en que, ineludiblemente, se sube y se sube de peso aunque no se quiera. En estos casos en que las caderas se ensanchan y el vientre se muestra más abultado. En estos casos en que o bien se acepta y se disfruta o bien se rechaza y se actúa.
Ella asegura conocer la diferencia. Ya le ocurrió cuando –con apenas 16 años– quedó embarazada de la que es, hasta hoy, su única hija. Y, según resolvió el miércoles pasado, seguirá siendo “única” por un buen tiempo, aunque su vientre –aquel que por ahora no permite que cierre su pantalón por completo– le grite todo lo contrario.
Aunque no esté consciente de ello, desde este miércoles es parte de las estadísticas oficiales. Unas estadísticas que van en aumento y que revelan que hoy una de cada seis mujeres frena su embarazo en los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Solo en el 2007 se registraron 24.228 abortos en las entidades estatales del país, una cifra que casi duplica a la del 2000, cuando esta tasa se ubicó en 12.917.
La cantidad de partos ha presentado un incremento mucho más bajo.
Hace ocho años se atendieron 117.334 nacimientos en hospitales públicos, y en el 2007 la cifra llegó a 143.535. Es decir, la cifra subió en un 22%.
Si se suman los 4.216 abortos registrados el año pasado en la maternidad más grande del país –la Enrique C. Sotomayor, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil–, crece hasta llegar a los 28.444 embarazos inconclusos.
Ella –que acepta compartir su historia, pero no su nombre– habla de sus razones. “A veces no tengo ni para los pañales o la leche de mi hija. No es el mejor momento para tener otro”, relata, en voz baja, mientras espera nerviosa en la sala de emergencias de la maternidad Matilde Hidalgo de Procel, del Guasmo, a que el médico de turno le diga si es necesario un legrado.
Según los doctores, esta joven –que con 19 años todavía conserva los rasgos y estatura de una niña– recurrió al mismo método que emplea el 60% de las mujeres que acuden a este centro por casos de aborto: tomó tabletas de Cytotec, un medicamento popular en las farmacias, aunque no precisamente por su propósito original.
El fármaco –que contiene misoprostol– se receta para el tratamiento de úlceras, pero al ingerirlo o ser colocado en la vagina, dilata el útero hasta producir la expulsión del feto, ya sea de manera completa o parcial, aunque en el mismo frasco se advierte que no debe ser consumido en estado de gestación.
“Aquí llegan solo a decir ‘doctor, ya me tomé las pastillas, atiéndame’. No podemos hacer más porque llegan sangrando y la Ley nos obliga a atenderlas, pese a que sabemos que se han autoprovocado el aborto”, comenta Enrique Dick, jefe de emergencias de la maternidad del Guasmo, una de las que más abortos registran en el país. Solo entre enero y febrero de este año se atendieron 234 abortos y 681 nacimientos: una relación de uno por cada tres partos.
En medio de voces a favor y en contra, en septiembre del 2006, el Congreso determinó que “los servicios de salud públicos y privados no podrán negarse a interrumpir un embarazo exclusivamente en los casos previstos por el Código Penal, ni negar atención a mujeres con aborto en curso”. Y según el Código Penal, se debe atender los casos de aborto cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre, puede ocasionarle problemas de salud o cuando se da por violación a mujeres con problemas mentales.
Sin embargo, la realidad se presenta diferente. En el hospital gineco-obstétrico Isidro Ayora, de Quito, se trataron 2.465 abortos el año pasado, pero de esos solo nueve fueron reportados como terapéuticos, es decir, aquellos permitidos por la Ley. ¿Quiere decir esto que el resto, el 99%, sufrió un aborto espontáneo? No.
“Atendemos abortos diferidos (cuando el feto ha muerto, pero no ha sido expulsado) o incompletos (cuando solo ha sido expulsada una parte). Muchos tienen un proceso de infección que puede causar la muerte. Esto por haberse practicado en clínicas clandestinas o caseramente la destrucción del huevo fecundado”, explica Marcelo Dávalos, médico de esta casa de salud.
Para Dávalos es “muy difícil” cuantificar las expulsiones autoprovocadas porque –dice– los doctores instruyen a las mujeres para que no lo digan. El Código Penal fija entre uno y cinco años de prisión para quien se practica un aborto, o de seis meses a dos años si el motivo fue “ocultar la deshonra”. También se castiga a quien realiza esta intervención con penas mayores, según el caso.
En el país se registran 300.000 embarazos por año, pero –según Bernarda Salas, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud– uno de cada dos es no deseado y uno de cada cinco es de adolescentes. Solo en la maternidad de la Junta de Beneficencia abortaron 15.121 adolescentes en los últimos ocho años y 5.376 tenían menos de 15 años.
“Datos oficiales hablan de 30.000 abortos por año. La tendencia es cada vez a aumentar y, de acuerdo a estudios, se calcula que esa cifra podría triplicarse... Al Ministerio se le hace imposible tener un control de lugares clandestinos”, justifica Salas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe una relación de un aborto inseguro por cada 7 nacidos vivos en el mundo, pero en algunas regiones la relación es mayor.
Por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe –señala el organismo– hay más de un aborto inseguro por cada 3 nacidos vivos y el 13% de las muertes relacionadas con el embarazo han sido atribuidas a las complicaciones de abortos inseguros.
Y si se habla de abortos inseguros en Ecuador, los médicos han visto casi de todo. El director técnico de la Enrique C. Sotomayor, Luis Hidalgo, recuerda dos casos particulares: el de una mujer que continuamente se lanzaba “de panza” a una piscina para perder al niño y el de otra que intentó engañar a los doctores al colocarse pedazos de carne al interior de la vagina para fingir que el feto se salía y debían someterla a un legrado.
Según Hidalgo, actualmente la mayoría de abortos se autoprovocan. “Llegan mujeres con el útero perforado por pastillas o porque iniciaron el aborto en clínicas clandestinas. Algunas llegan con sondas metidas que les cruzan el útero. La mayor parte llega con abortos incompletos”, relata tras señalar que solo el 10% de los abortos se produce de manera espontánea.
El jefe de emergencias de la maternidad del Guasmo también se ha topado con casos escalofriantes. Cuenta que una vez una mujer llegó con parte de los intestinos afuera porque en una clínica clandestina le habían practicado mal el aborto. “Cuando una mujer no quiere tener a su hijo, recurre a lo que sea. Algunas han llegado con la barriga llena de moretones porque ellas o sus parejas la golpean para perder al hijo”, comenta Dick.
Los hospitales estatales de Guayas son los que más abortos registran en el país; en el 2007, 5.415 mujeres abortaron en entidades públicas, frente a 24.524 que sí tuvieron a sus hijos. Pichincha se le acerca, con 5.335 abortos en el mismo periodo, frente a 32.772 nacimientos.
Son tres las maternidades estatales que más expulsiones concentraron en el 2007: la Isidro Ayora, de Quito, con 2.465 abortos frente a 11.231 partos; la Mariana de Jesús, del Suburbio de Guayaquil, con 1.170 abortos frente a 3.660 nacimientos (uno de cada tres); y la Matilde Hidalgo de Procel, del Guasmo, con 1.168 abortos frente a 4.131 partos (uno de cada cuatro).
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