El Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) aborda la problemática de violación a menores. Su directora, Miriam Ernst, analiza la incidencia de los abusos dentro del núcleo familiar y los esfuerzos que hacen para que el tema tenga prioridad en la agenda nacional.
¿Por qué la mayoría de casos de violación a menores son cometidos por familiares? El padrastro, abuelo, tío son los que más pueden acceder al contacto con ellos. Dentro de nuestras estadísticas el dato es muy fuerte, son gente muy cercana y en muchos casos las madres no apoyan a sus hijas, y este es otro de los factores, pues si el violador es el padrastro, ellas lo defienden porque no les creen a las hijas o sienten celos, e incluso piensan que esta se lo quiere ‘quitar’.
¿Por qué callan? Porque son dependientes económicamente o tiene lazos afectivos, es un problema muy complejo que no se puede tratar igual a otro delito.
¿Esta problemática está en la agenda del Gobierno? Es un tema prioritario para el Estado a partir de lo que ha sido la promulgación del decreto para la creación del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género. Uno de los aspectos que se está incorporando justamente es el fortalecimiento de la justicia y para la sanción de las contravenciones y los delitos; sin embargo, lógicamente, es un proceso que toma tiempo, hay una intencionalidad aunque todavía no concretada del Gobierno de poder trabajar integralmente con todos los sectores involucrados no solamente del canal de justicia, sino ver un poco qué pasa a nivel de educación, a nivel de salud, de inclusión social y económica para hacer una cuestión más integral.
¿Qué se requiere para pasar de la intención a lo concreto? Justamente se está trabajando con eso, tiene que ver con el tema de presupuestos, de enfoques y procedimientos en cuanto a delitos sexuales, porque actualmente se trata como cualquier otro delito, como el robo por ejemplo.
¿Y cómo debería tratárselo? El delito sexual es muy particular no porque requiere protocolos diferentes, sino porque hay que tratar de que a la víctima no se la revictimice; un examen médico legal no puede esperar ocho días, ya que van desapareciendo las pruebas, sí es importante que las cosas se hagan en su momento.
¿Por qué muchos casos de delitos sexuales se quedan en denuncia y no llegan a la indagación? Primero porque hay algunos casos de violación en que no se sabe quién fue y no existen datos concretos para hacer la investigación, hay inconvenientes de la persona también. El tema es que justamente todo el proceso dura por lo general un año o más dependiendo del esfuerzo que se da, es un año de recursos, de tiempo, y la gente no los tiene y se cansa. Y mucha gente, lamentablemente, prefiere negociar, aunque bajo la ley los delitos sexuales no son negociables, es una cosa que está en el Código Penal y tiene sanción; pero ocurre que le dicen: “Bueno, yo no digo nada pero deme 1.000 o 2.000 dólares”. Mucha gente también tiene desconfianza en la justicia, en las autoridades.
La Asamblea, ¿qué debe hacer frente a este tema? Estamos viendo cómo crear una defensoría pública solo para delitos sexuales, ya que es importante que si nosotros ya no podemos hacerlo el Estado tiene la obligación de tomar la posta. La Defensoría Pública como institución no está creada, hay el proyecto pero tendrían que volver a tratarlo.
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