Guayaquil tiene más del 25% de los casos totales de violaciones a menores. El delito alcanza repercusión nacional y se oculta en los mismos hogares, en los barrios, y con la complicidad de familiares.
Andrés Guadamud Mendoza, de 63 años, fue recluido ayer a las 12:00 en la Penitenciaría del Litoral, acusado de violar y embarazar a una niña de 12 años en Guayaquil, donde en lo que va del año se han denunciado 90 casos de menores víctimas de abuso sexual. En casi la mitad de los hechos el delito lo cometieron familiares y padrastros, según las denuncias presentadas en la Fiscalía.
Especialistas y entidades que tratan el tema advierten que las cifras muestran una parte del problema, pues la mayoría de veces el delito no se denuncia por temor a represalias, porque el responsable es quien mantiene el hogar o porque hay la complicidad de la familia.
Conocidos, amigos o vecinos comparten la responsabilidad en el abuso sexual a menores, un problema del que el Estado no tiene siquiera la dimensión matemática. No hay estadísticas nacionales del delito. Un problema social en aumento.
Padrastros, padres, tíos, abuelos, primos, cuñados y hermanos son los principales responsables de la violación a niños y adolescentes en el país. El delito se calla -y en algunos casos se permite- para no romper los lazos afectivos, por miedo a las represalias o porque el violador es quien sustenta económicamente el hogar.
El ruido en las oficinas de los agentes fiscales de Guayaquil contrasta con el susurro con el que se denuncia un abuso sexual a un menor. “Es el caso, señor fiscal...”, dicen los denunciantes al comenzar las declaraciones en los casos de violaciones a menores, un delito que ocurre a diario en el país. En esta ciudad se reporta un promedio de seis casos semanales. La mayoría de los denunciantes llega nervioso y acompañado del menor que ha sido abusado a veces por sus propios progenitores.
El caso más reciente ocurrió hace quince días en Santo Domingo de los Tsáchilas cuando se conoció que un padre, actualmente detenido, había violado a tres de sus cuatro hijas y había procreado con ellas cinco hijos. Las hermanas temían que intentara violar a la menor, de 9 años, y lo denunciaron.
Hay más casos como estos que se acumulan junto a otros abusos sexuales en las oficinas fiscales y juzgados. El delito de violación a un menor de edad en el país no ha merecido un capítulo aparte siquiera para conocer su dimensión. Actualmente no es posible saber con exactitud cuántas de las denuncias de violaciones ocurren en menores de edad. Si se quiere tener una idea hay que revisar uno por uno los casos, y las cifras que se obtienen son alarmantes.
En los despachos fiscales de Guayaquil hay, en lo que va del año, 97 denuncias, según contabilizó este Diario. El 91% (88 casos) son menores de edad. Y esto tomando en cuenta solo los abusos denunciados o “visibles”.
El especialista en Atención Integral del Innfa, Nicolás Astudillo, asegura que el tema “va mucho más allá”. “Tres de cada diez menores son violentados sexualmente, porque la situación de abuso sexual es más común de lo que se cree”.
Guayaquil registra más violaciones totales en este primer trimestre del año, 114. Cuenca reporta 41 casos, Guaranda 30, Riobamba 28, Babahoyo 6, entre otras ciudades del país.
Aunque las cantidades varían, hay coincidencias. Ocurre en el 96% de mujeres y en el 4% de hombres. En más de la mitad de los casos las víctimas tienen entre 10 y 17 años, con énfasis entre las edades de 11 a 13 años.
Se da tanto en la Sierra como en la Costa, pero con mayor incidencia en las zonas rurales debido al nivel social y cultural, dice Zoraya Bohórquez, psicóloga del Innfa. “La información no llega, los derechos no son conocidos”, explica la especialista.
Por ejemplo, en las comunidades indígenas de Colta y Guamote, en Chimborazo, el abuso sexual es una forma que tienen los padres de legalizar el casamiento arreglado entre los hijos, algo que “jurídicamente sería una violación”, dice Diego Andrade, agente fiscal de Delitos Sexuales de Chimborazo.
En las grandes urbes y ciudades, las zonas marginales son las que más casos registran. Por ejemplo, en Guayaquil se concentran en los bastiones, Trinitaria, suburbio oeste y los guasmos. En la Sierra o en la Costa, las violaciones a menores tienen como principal responsable a un miembro del hogar. Según investigaciones del Cepam (Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer) y de los datos obtenidos de las denuncias en las fiscalías, el 43% de los abusadores son padrastros y familiares.
El Fiscal de Bolívar Antonio Aucatoma atendió este año una denuncia por violación a una niña de 12 años cometida por el padre. “Una mañana el hombre le dijo a su hija: vamos a coger choclos y la llevó a unos 200 metros de su casa y la violó. El depravado había lavado el interior de la niña para que no se den cuenta”, refiere Aucatoma.
En Riobamba, un albañil y curandero fue sentenciado el mes pasado a cumplir 20 años de prisión por violar a su hija, en edad escolar. A la menor, su padre la violaba como castigo, supuestamente, “porque no daba de comer a los gallos”.
En Guayaquil, en febrero pasado la Policía rescató de la casa de su madre a una niña de 13 años que había sido violada por su padre y padrastro. En Sauces, también se denunció el abuso a una menor de 6 años por parte de su padrastro. En la Isla Trinitaria, otro padrastro violó a una pequeña de 9 años.
Estos abusos se dan con más frecuencia, según dicen especialistas, en hogares donde sus integrantes casi no han tenido acceso a la educación, porque los padres se sienten en una situación de poder frente a los hijos o porque pueden acceder fácilmente a los menores.
“El perfil socioeconómico es muy humilde, en el campo o zonas rurales”, cree Edgar Cajas, procurador de Adolescentes Infractores de Pastaza.
Y no solo los padres y padrastros incurren en este tipo de delitos. Tíos, primos y hermanos han sido denunciados por esta causa, en algunos de los casos porque han estado bajo la tutela de los menores, cuyos padres migraron o los dejaron a su cuidado de manera temporal.
Lucía, una manabita de 12 años, es un ejemplo. El esposo de su tía, encargada de su cuidado porque era huérfana, la violó desde los 7 años.
“Lo peor es que la tía nunca le creyó lo que decía y le dio la razón a su esposo, por lo que la niña tuvo que ser trasladada a una fundación para que reciba ayuda psicológica”, relata Judith Ponce, encargada de la Unidad de Salud Mental del hospital Rodríguez Zambrano de Manta, donde se atendió a la víctima.
En la ciudadela La Fragata, al sur de Guayaquil, un tío fue acusado de ultrajar a su sobrina, mientras que en el suburbio oeste de la ciudad, dos madres denunciaron que un supuesto hermano de crianza abusó de los dos hijos de ellas.
En la denuncia presentada en la Fiscalía, una de las mujeres dijo haber encontrado al supuesto familiar de crianza obligando a su hijo a que le practique el sexo oral. A otro de los menores se le detectó laceraciones en sus genitales, según los reconocimientos médicos practicados en la Policía.
“Me decía que le diera besos en la boca o si no iba a matar a mi mamá”, dice Antonio, uno de los afectados, de 11 años. La abuela, quien convive con los menores, ha visto cómo se han perjudicado sus nietos después de las agresiones sexuales.
“Nos llaman de la escuela para decirnos que el niño está muy inquieto, él no era así, ahora está deprimido y a ratos rebelde”, dice la abuela.
Ella se queja de lo incontrolables que son los pequeños y de lo difícil que es cuidarlos mientras su hija trabaja.
“Les digo que no salgan a la calle, pero no hacen caso. No puedo poner candado en las puertas, porque en cualquier incendio no encuentro las llaves y nos quemamos todos”, dice.
Los delitos de violación a menores se multiplican en los hogares por la complicidad de las madres y familiares, refieren los fiscales consultados en el país.
“En la mayoría de los casos callan. Vienen al año o a los dos años a denunciar, e incluso cuando ya están detenidos (los familiares) se arrepienten y quieren evitar la sanción a los violadores”, dice el fiscal de Bolívar, Antonio Aucatoma.
En otros casos, las madres no creen las versiones de los menores cuando les cuentan que han sido abusados por familiares. Y hay madres que no denuncian porque cuando el culpable es el padre o padrastro, temen quedarse sin la persona que les provee del sustento económico del hogar. En algunos casos, las indagaciones fiscales revelan que las madres permitían los abusos sexuales, e incluso aconsejaban a sus hijas que “se dejen hacer para que todos sean felices”.
Cuando ya se ven obligadas a presentar la denuncia, luego se retractan. De ahí que muchas no llegan a una indagación previa, segundo paso en el proceso judicial. Según datos del Cepam, apenas el 2,5% de los casos termina en una condena.
La mayoría de las causas o denuncias se abandonan por la falta de los recursos económicos para contratar a un abogado, otras se desestiman y otro porcentaje termina en sentencias absolutorias.
También el temor a las amenazas provoca el silencio. “Siempre que una situación de abuso se mantiene en silencio es porque hay una amenaza de muerte”, dice la psicóloga del Innfa Zoraya Bohórquez.
“La amenaza es una táctica que utiliza el hombre para evitar ser denunciado”, dice el ministro fiscal distrital de Santo Domingo de los Tsáchilas, Raúl Garcés. Él asegura que a veces estas amenazas surten efecto por años como ocurrió con el caso del padre que violó a sus tres hijas por más de 10 años y procreó con ellas cinco hijos.
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