Hace poco vi la película Desapareció una noche, actualmente en carteleras. La temática era muy fuerte y había imágenes de extrema violencia que no pueden jamás ser adecuadas para espectadores jóvenes.

El filme tiene censura para 12 años de edad en nuestros cines, cuando en Estados Unidos –y de acuerdo con  la MPAA (Motion Picture Association of America), el ente que define la censura de cada cinta– fue catalogado “R” (Restricted o Restringido), lo que quiere decir que no puede ingresar a verla ningún menor a 17 años sin estar acompañado por un adulto.

Según la página web de la MPAA, esta calificación se otorga a películas que contengan uno o más de lo siguiente: temas adultos, situaciones adultas, lenguaje fuerte, violencia intensa o persistente, desnudez orientada hacia la sexualidad, uso de drogas, entre otros.

La mayoría de estas cosas se dan en la cinta que he tomado como ejemplo. ¿Cómo es posible que niños de 12 años o hasta menores (porque hay chicos  que parecen mayores a su edad) puedan entrar solos a ver este tipo de películas?

Esta no es la primera vez que noto esta gran diferencia entre la calificación aquí y en Estados Unidos.

Como madre responsable que deseo ser he adquirido la costumbre de revisar en internet la calificación de cada película antes de llevar a mi hija al cine. Pero aquí prima el interés económico de atraer a cuantos clientes se pueda, sin importar la calidad de lo que vean nuestros niños y de cómo ciertas escenas, diálogos o temáticas pueden impactar sus jóvenes mentes.

Llamé a un empleado de cine y me confirmó que la censura la decide la gerencia de la empresa, es decir, no hay un organismo regulador externo. Cuando le pregunté si pedían identificación al ingresar, me dijo que cuando era “aparente” que los menores no contaban con la edad suficiente, se les impedía la entrada, pero si sus padres estaban con ellos o les autorizaban el ingreso, entonces no había intervención por parte de ellos.

Queda claro que es factible que entren al cine menores de edad, permitido en la censura, sea con o sin el consentimiento de sus representantes. ¿No debería el Gobierno proteger a los menores de este abuso con fines comerciales? Porque si un niño tiene padres que por ignorancia o indiferencia no regulan el contenido de lo que ellos ven, y si hay empresas que por vender más tratan de “suavizar” las censuras, las autoridades deben fijar los límites para que las mentes de nuestros jóvenes no puedan ser expuestas tan fácilmente a imágenes demasiado explícitas.

¿Usted, lector, permitiría que su hijo de 14 años presencie una ejecución a sangre fría o una violación en una película sin restricción alguna, y quizás sin mala intención, pues no sabía qué es lo que entró a ver?

Hago un llamado a los padres a hacer caso omiso de las “censuras” dadas en nuestro medio e investigar a fondo cada película y programa de televisión para poder decidir si debe o no ser visto por sus hijos.

Asimismo, hago un llamado a las autoridades para que tomen con seriedad este asunto, porque si yo me quedé impresionada con la violencia en esa cinta, no me imagino cómo afectará la mente de un menor de edad, que muy difícilmente tendrá la madurez para comprender los temas tratados en la misma.

María Isabel Falconí H.,
ingeniera, Guayaquil

Soy residente de la ciudadela La Milina en la ciudad de Salinas y solicito a las autoridades de este cantón que empiecen los arreglos que pude escuchar se van a realizar con el dinero que el Gobierno central ha donado para mejorar algunas ciudadelas, y espero que se incluya la nuestra.

Es una pena que en tantos años no se haya preocupado ningún gobierno por esta ciudadela que tiene una ubicación estratégica privilegiada, con calles anchas y un malecón, pero descuidado.

Al embellecer a una ciudadela como La Milina (donde hay casas de primera), con servicios básicos, calles asfaltadas, mejor iluminación, capilla, podría tener un desarrollo acelerado, por lo cual obtendrían mayores ingresos por impuestos y más consumidores de los diferentes servicios y negocios.

Ya es hora de que a los residentes y turistas que tenemos propiedades en esta ciudadela seamos atendidos como lo merecemos.

Consuelo Valarezo Andrade,
Salinas

Con la provincialización de la península de Santa Elena y la elección de sus nuevas autoridades peninsulares, todos sus cantones –incluido Salinas– esperan que sus mandatarios los hagan progresar.

En turismo, educación, salud, vialidad, trabajo, tecnología, economía, servicios básicos, y muchos otros temas, la Península entera anhela encontrar desarrollo. Concretamente, Salinas pide más vigilancia policial, orden público para evitar escándalos y ruido de gente que consume licor en las calles, así como vías pavimentadas para evitar accidentes.

Jovita Plaza
Salinas

En la edición del martes 15 se publican declaraciones del Presidente de la Asamblea en relación con que la reestructuración de la deuda externa llevada a cabo en agosto del 2000 fue perjudicial a los intereses del país. Efectúo las siguientes precisiones para desvirtuar tales afirmaciones.

No existe un documento técnico-financiero que demuestre que la negociación de la deuda fue perjudicial a los intereses del país. Asimismo, no existe un documento que efectúe un análisis comparativo entre alternativas factibles que pongan en evidencia que la reestructuración del 2000 fue perjudicial a los intereses del país. Hay que acordarse que los bonos Brady con Descuento estaban declarados de plazo vencido por un monto de 1.435 millones de dólares y los atrasos sumaban alrededor de  500 millones de dólares. Es decir,  esas cantidades eran exigibles a la vista. Sin embargo, debido al diseño financiero se necesitaron solamente 161 millones de dólares de nueva liquidez, provenientes del Presupuesto General del Estado, para reestructurar 6.900 millones entre principal e intereses, y el stock de la deuda bajó a 3.950 millones de dólares.

Gente que no conoce o pretende no conocer sobre temas financieros afirma que el Ecuador utilizó ilegalmente el colateral del principal de los bonos Brady Par y Descuento, como parte del financiamiento de la reestructuración de la deuda. Pues bien, ese colateral era propiedad de los inversionistas y no del Ecuador; tanto es verdad lo mencionado que dichos colaterales nunca formaron parte de la Reserva Monetaria internacional, y se necesitó la autorización de los tenedores de los bonos para que el custodio del mismo, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, los pueda liberar. En cambio, el colateral que garantizaba el pago de intereses sí era propiedad del Ecuador y por lo tanto estaban contabilizados como parte de la Reserva Monetaria internacional. El gobierno del doctor Mahuad, una vez declarada la moratoria en el año 1999, notificó a los tenedores de bonos que podían hacer uso de ese colateral para cobrarse los intereses, lo que no podía hacer con el colateral del capital porque no era  propiedad del Estado. Se argumenta para descalificar la reestructuración de la deuda, que las tasas eran muy altas. Pues bien, esas eran las tasas prevalecientes en los mercados financieros.

Vale la pena recordar que el Eurobono a tasa fija emitido en el gobierno del doctor Alarcón en el año 1997 tenía un interés anual de 11,25% y el plazo era de cinco años. En el caso de los Global a 30 años, que es la parte más importante de los bonos Global (2.700 millones), la tasa inicial fue del 4%, lo que dio una tasa promedio ponderada del 6,5% a la fecha del canje. Hay que dejar claro que el gobierno del Ecuador no negoció con los tenedores de bonos Brady y Eurobonos las condiciones del canje. Fue una propuesta unilateral y soberana que se hizo conocer al mercado el 27 de julio del 2000, y que debía reunir dos condiciones para hacerse efectiva: que se adhieran a la propuesta por lo menos el 85% de los tenedores de bonos a valor nominal y que se levante la decisión de haber declarado de plazo vencido los bonos Brady con descuento por valor de 1.435 millones de  dólares. Una vez cumplidos los dos condicionamientos, el 23 de agosto del 2000 se firmaron los contratos de emisión y se emitieron y registraron los bonos Global en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. El decreto ejecutivo autorizando la emisión de los bonos Global fue publicado en el R.O. el 22 de agosto del 2000, un día antes de la fecha en la cual se suscribieron los contratos en la ciudad de Nueva York por parte del cónsul del Ecuador, Hernán Holguín, quien fuera delegado por el ministro de Economía, Luis Yturralde.

El contrato con la Consultora SSB y la forma de pago fue suscrito por el economista Alfredo Arízaga, ministro de Finanzas del gobierno del doctor Mahuad, en el mes de noviembre de 1999. Con dicha firma trabajaron los ex miembros de la Comisión de Deuda, que la presidía el ingeniero Juan Pío Montúfar; los ex ministros de Economía Jorge Guzmán y Luis Yturralde; y los miembros de la comisión, presidida por mi persona. Ante esta realidad cabe preguntarse: ¿dónde estuvo el perjuicio financiero al Estado?

Jorge Gallardo Zavala,
Washington, EE.UU.