Beneficios vencen la resistencia de aplicar la norma.
A la 01:00 y por teléfono avisa el conductor del camión: “Don Alejo, le rechazaron 500 cajas en el puerto por empaque”. Era la llamada nunca descartada para jefes de empacadoras o el mismo dueño de la finca, horas después de despachar fruta.
Esta acción, tildada por la mayoría como ‘calificación mafiosa’, duró hasta el año pasado al cumplirse la Ley de banano del 2004, que obliga a realizar una sola calificación y exclusivamente en la finca de producción.
Aunque aún operan bodegas clandestinas y espacios abiertos cercanos a los dos puertos bananeros para violar la ley ante la salida de las verificadores de los puertos públicos, como lo denunció el dirigente gremial Pompilio Espinosa, la modalidad que se observa es la contratación de ingenieros agrónomos para que a nombre de una verificadora se evalúe el proceso de empaque de la fruta a un costo global para el bananero de $ 60 (agrónomo $20).
Carlos Vallejo es uno de ellos y revisa el pesaje de la fruta, la fumigación, examina qué problema tiene de empaque, daño de pulpa, cuello roto... “Si veo algún inconveniente en la caja, llamo la atención al operario y al capataz. El beneficio es para el productor, porque su fruta sale evaluada de la planta empacadora y no tendrá reparos en la descarga. Si hay rechazo, antes no había a quién reclamar”, indicó.
Por el mal estado de las vías, Vallejo recomienda que las últimas cuatro rumas sean cinchadas (amarre con cinta plástica), por el zangoloteo del carro.
El jefe de una planta empacadora, Alejandro Rendón, dijo que aunque los verificadores no ven mayores fallas, siempre hay que rectificar algo, y está consciente de que el mayor descuido sucede en el saneo de la fruta, cuando se anda rápido. “Con cuatro defectos dañamos una caja”, advirtió.
Rendón cree que hay ahorro y confianza con el nuevo sistema. Incluso ha recuperado el sueño y considera que si hay alguna resistencia a la evaluación es porque lo toman como un costo adicional.
La solicitud del servicio lo hace el productor a la verificadora y los honorarios son descontados en la liquidación semanal que elabora la exportadora al proveedor de fruta.
El supervisor del SESA-Sanibanano Guayas, Selso Torres, notificó que debe acompañar a la certificación fitosanitaria en el sitio de embarque la presentación de la hoja de evaluación, que certifica que la fruta es apta para comercializarse en el exterior.
Reconoció además que ciertas verificadoras clandestinas violan la ley y que de esto ya tienen conocimiento el Ministerio de Agricultura y los exportadores de AEBE.
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