La justicia española no extraditará a la ex presidenta argentina María Estela Martínez de Perón a su país por considerar que los delitos por los que está reclamada no son de lesa humanidad y por tanto han prescrito, informaron el lunes fuentes judiciales.
Isabelita estaba reclamada por dos jueces argentinos en distintos casos de violaciones de derechos humanos durante su presidencia (1974-76), cargo que asumió tras la muerte de su marido de quien era vicepresidenta.
La Audiencia Nacional, principal instancia penal española, considera que los delitos que se le imputan en el pedido de extradición son "delitos comunes, aislados, según la tipificación del Código Penal argentino (...) ya prescritos", según un auto judicial.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Fernando García Nicolás, considera que la petición de extradición "se funda en motivaciones extrajurídicas de carácter político derivadas de la situación actual de la República Argentina".
La justicia argentina reclamaba a la ex presidenta por la desaparición del militante político Héctor Aldo Fagetti y la detención del menor Jorge Valentín Berón en febrero de 1976, un mes antes de ser derrocada por un golpe militar, así como por su presunta responsabilidad en las operaciones de la banda parapolicial de ultraderecha Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).
En el primer caso, la justicia española considera que no se puede considerar a Isabelita responsable de la actuación de su cúpula militar, ya que "los hechos imputados acaecieron justo un mes antes del golpe de Estado que la derrocó y sometió a prisión".
El golpe de Estado se produjo el 24 de marzo de 1976.
"Ningún dominio del hecho tenía ya por tanto sobre las Fuerzas Armadas, ya que éstas estaban planeando su derrocamiento", afirma el auto.
En el caso de la Triple A, a la que se le atribuyen 1.500 asesinatos en los años 70, "no se determina ni identifica qué hecho concreto de los perpetrados por esa asociación guarda relación causal con un concreto acto de la reclamada".
La petición de extradición alegaba la participación de Isabelita en una reunión con el cabecilla de la Triple A el ex ministro de Bienestar Social de Perón e Isabelita, el ya fallecido José López Rega, en la que se proyectaron diapositivas de posteriores víctimas.
Pero para la justicia española, el hecho de que presidiera esta reunión "no es suficiente para establecer una relación causal a efectos penales entre quienes vieron las imágenes y quienes decidieron ejecutar tales asesinatos".
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